La fiscalía investiga a policías y juristas por la ‘fake news’ de los magrebíes empadronados en Horta-Guinardó
El pasado 19 de marzo el Ayuntamiento de Barcelona denunció ante la Fiscalía a cuatro personas, entre ellos un policía y un guardia civil por difundir una «fake news» en la que se acusaba a Ada Colau, de permitir empadronarse a 1.600 ciudadanos magrebíes en un solo piso del distrito de Horta-Guinardó para que cobrasen ayudas sociales a cambio de los votos hacia BComú.
En la denuncia se identificaba a un jurista, un psicólogo, un agente de la Guardia Civil y un inspector de la Policía Nacional, que el Consistorio acusaba de un delito de incitación al odio y otro de calumnias contra la alcaldesa. En concreto, el Ayuntamiento señaló que en las cuentas de Twitter identificadas como representantes policiales se realizaron unas 93.000 visualizaciones de esta noticia que era falsa.
Ahora, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los denunciados pudieron cometer esta discriminación contra un colectivo y contra Colau al difundir ese mensaje por las redes sociales. El mensaje decía: «hace pocos días la Guardia Civil entró en un piso de la zona de Horta-Guinardó porque en ese piso figuraban 1.600 empadronados de origen magrebí. 1.600 empadronados en un solo piso».
«Los 1.595 restantes vivían en Marruecos pero al estar empadronados en Barcelona cobraban todas las ayudas que da el ayuntamiento y además pueden votar por correo en las próximas elecciones municipales», señalaba el mensaje denunciado.
El mensaje falso denunciado por el consistorio empieza anunciando un “nuevo escándalo de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno”. En realidad es un bulo, no un escándalo, ya que no hay 1.600 marroquíes empadronados en un piso para votar y recibir ayudas.
Tras presentar la denuncia, el Ayuntamiento de Barcelona lamentó que el bulo supone una «incitación al odio, el rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí por su razón de origen», al atribuirles de forma «directa y masiva la comisión de una estafa que afecta al conjunto de la ciudadanía», además del «indudable contenido calumnioso hacia la alcaldesa».
El caso denunciado no es la primera ‘fake news’ xenófoba que llega a la Justicia. El pasado mes de noviembre, un guardia civil aceptó quince meses de cárcel por publicar en Twitter un vídeo falso que atribuía a un menor inmigrante no acompañado la autoría de una agresión en Barcelona que en realidad había sucedido en China.
