Desahucio en Barcelona a pesar de la moratoria del Gobierno

Desahucio en Barcelona a pesar de la moratoria del Gobierno

A pesar de la vigencia de la moratoria estatal de desahucios, que el gobierno anunció el pasado día 13 que prorrogaría tres meses más a partir de la suspensión del estado de alarma, los desalojos continúan en Barcelona.

Este martes ha sido el turno de Ahmed, un vecino de la calle Sant Telm del barrio de la Barceloneta, a quien la propiedad había denunciado por impago del alquiler.

El de hoy era el cuarto intento de lanzamiento y la comitiva judicial ha actuado acompañada de los antidisturbios de los Mossos, que han ejecutado el desahucio después de que el representante de la propiedad se negara a negociar y los agentes antidisturbios cargaran contra los activistas y vecinos que se habían concentrado en el entorno del inmueble para intentar frenar el lanzamiento.

Ahmed tiene una situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de Barcelona y según informa el Sindicat d’Habitatge de la Barceloneta, el Ayuntamiento le ha ofrecido ahora un alojamiento temporal en una pensión del Distrito de Gràcia.

El piso del desahuciado, es en realidad un local comercial, junto al que regentaba un restaurante que cerró. A raíz del impago del alquiler por su situación económica, la propiedad inició los trámites para desalojarlo, aunque el vecino saldó la deuda acumulada.

Actualmente está de baja laboral y pendiente de dos intervenciones médicas, una de ellas de riesgo, según asegura el sindicato. Su hermano, que no tiene papeles, vivía con él en el inmueble.

Desde diciembre la moratoria estatal de desahucios da cobertura a todas las familias vulnerables, después de que durante los primeros meses de pandemia sólo se pudieran paralizar los desalojos de familias que pudieran acreditar una vulnerabilidad causada directamente por la Covid-19.

Los jueces, sin embargo, han expresado dudas en este punto y consideran que no queda claro que el decreto cubra todos los casos de vulnerabilidad.

Mientras tanto también continúa vigente el último decreto antidesahucios de la Generalitat, aprobado en noviembre de 2020, aunque en este caso, también los profesionales expresaron dudas sobre su constitucionalidad y avisaron que la aplicarían de manera «restrictiva».

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