La Audiencia Nacional investiga a David Madí por otro caso relacionado con el 3%
David Madí, que durante años fue uno de los hombres fuertes de Convergència y mano derecha de Artur Mas, fue condenado por el caso Triacom a 14 meses de prisión por fraude en Hacienda.
El administrador de la productora, Oriol Carbó, relacionado con dirigentes de CDC y de Junts x CAT, asumió también todos los gastos de abrir el despacho privado de Madí en el paseo de Gràcia de Barcelona, así como los gastos corrientes durante seis meses. A través de una de sus sociedades particulares, pagó electrodomésticos, teléfono y luz, también bolígrafos y cápsulas de café.
David Madí, Damià Calvet y Uber
El 28 de octubre del 2020 David Madí Cendrós fue detenido en Barcelona por la Guardia Civil, acusado de tráfico de influencias en el mercado de los VTC con altos cargos del Departament de Territori i Sostenibilitat, junto al conseller Damià Calvet, el secretario de Infraestructuras Isidre Gavín, el subdirector de Ordenación del Transporte, Josep María Fortuny, y el director general de Transportes, David Saldoni.
Concretamente, el juez menciona una reunión que Madí mantuvo en octubre de 2019 con Calvet en el Departament de Territori i Sostenibilitat a la que asistieron representantes de la empresa Uber, así como altos cargos de la consellería.
Más causas abiertas
La Fiscalía estudia las declaraciones que hizo Madí en una entrevista en RAC1 en la que aseguró que en los Mossos hay «mini-Villarejos» que hacen informes policiales para perjudicar a rivales políticos. La fiscal investiga si esto podría ser constitutivo de delito.
Ambulancias Egara
La Audiencia Nacional investiga al empresario David Madí por el caso «Ambulancias Egara», relacionado con la causa del 3%, según ha avanzado El Mundo a RAC1 . El instructor, Santiago Pedraz, investiga si la Generalitat adjudicó contratos a esta empresa de forma irregular, y cree que el ex secretario de Comunicación de CDC podría estar implicado. Madí niega cualquier implicación y asegura que es un «montaje chapucero» y que irá a declarar cuando se le cite para «desenmascarar la justicia española».
Los Mossos registraron la semana pasada las sedes de la compañía, que formaría parte de la red de empresas recibían concesiones públicas a cambio de comisiones irregulares que servían para financiar a CDC. Los investigadores trabajan con la idea de que estas empresas habrían participado del 3%.
