Las economías de plataforma atentan contra la soberanía de las ciudades y vulneran derechos humanos
Las economías de plataforma han revolucionado la forma en que las empresas prestan servicios y venden productos. Las plataformas digitales como Uber, Glovo y Amazon han cambiado la forma en la que consumimos y producimos bienes y servicios.
En Cataluña y el Estado el 29,95% de las ventas totales de empresas de más de 10 trabajadores se hicieron a través de Internet, y un total de 22,5 millones de personas en España compraron online en 2020 y 24,7 millones lo hicieron durante el 2022.
Sin embargo, estos modelos económicos también han dado lugar a vulneraciones de derechos sociales, y tienen un impacto ambiental considerable. Desde el Observatori DESC han realizado el informe “Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital”, presentado ayer en la Lleialtat Santsenca de Barcelona por parte de las autoras Marta Ribera, Ayelén Flores y Gisela Torrents y acompañadas de una fila cero formada por Nuri Soto -miembro de la plataforma RidersXDerechos y Mensakas; Tito Álvarez -portavoz de Élite Taxi Barcelona; Adrià Gomila -Director de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona- y Clàudia Bosch, técnica de SETEM Catalunya y responsable de la campaña Electrónica Justa.
Las economías de plataforma y la vulneración de derechos sociales y ambientales
En 2018 un 2,6% de la población mayor de 16 años en España trabajaba principalmente en el sector de las economías de plataforma, aumentando esta cifra hasta el 18,5% de personas que han trabajado de forma esporádica.
A pesar de su creciente peso en el mercado laboral, estas empresas se caracterizan porque a menudo eluden las regulaciones laborales: en Catalunya, la Generalitat y Departamento de trabajo han sancionado a Amazon con multas de 1,1 millones de euros por incumplimiento de la normativa; y Glovo sigue evitando cumplir la «Ley Rider» después de que ésta se aprobara hace año y medio, lo que ha obligado al Estado a plantearse cambiar la ley para incluir sanciones penales.
Otro ejemplo es el escándalo de los Uber Files, la filtración de documentos de la empresa Uber que descubrió las prácticas habituales de la empresa a la hora de introducirse en las ciudades: crear una “tormenta burocrática y legal”, haciendo caso omiso de las regulaciones, y donde el objetivo es crear caos, vulneraciones de derechos, protestas y conflicto.
Se describen infiltraciones en las movilizaciones del Taxi, con el objetivo de saber quiénes eran los principales organizadores (como Tito Álvarez) y asediarlos, creando una narrativa de violencia que condicione a la opinión pública hacia éstos, y que también incluye encuentros entre lobbistas y políticos para promover regulaciones favorables; es el caso de las reuniones con Emmanuel Macron y Pere Aragonès, antes de que ambos ostentaran los cargos de presidencia que tienen hoy en día.
Asimismo, el estudio destaca que las economías de plataforma arrastran las problemáticas del comercio tradicional en cuanto a las mujeres trabajadoras: la dificultad para conciliar la vida profesional con la personal o cuestiones relacionadas con la inseguridad y los abusos por parte de los clientes, todo ello potenciado por la ausencia de protecciones sociales y de la falta total de responsabilidad por parte de la plataforma, que no las reconoce como trabajadoras propias.
Por otra parte, el informe analiza el impacto ambiental que tienen estas plataformas a la hora de emitir gases de efecto invernadero en la atmósfera y contribuir al cambio climático. Si bien no se detecta una gran diferencia entre el comercio online y el tradicional en el transporte de “última milla” (es decir, la ruta desde el almacén hasta casa o bien en la tienda), el estudio destaca que el verdadero problema se encuentra en el origen de estos productos, que se producen en países que quizás tienen normativas más laxas a la hora de proteger el medio ambiente: en el caso de España, el 54% de compras en el extranjero se realizaron en China -el país con más emisiones en el 2021- a través de Aliexpress o Amazon. Esta última, además, admite que en 2021 emitió 44 millones de toneladas de CO2, el equivalente a la huella de carbono de Dinamarca o Eslovaquia en 2018.
Las Administraciones, un elemento clave en la solución
En definitiva, el modelo de negocio de las economías de plataforma no garantiza la estabilidad de ingresos ni la inversión en pensiones; niega la dependencia laboral de las personas que trabajan, incrementa los riesgos en salud y seguridad e impide la formación y desarrollo de carreras profesionales.
El estudio apunta a una serie de recomendaciones para compensar el efecto de estas empresas y garantizar los derechos económicos, sociales y ambientales: en primer lugar, estudiar la relación entre estas empresas y las inversiones de alto riesgo y restringirlas, si fuera preciso, en los casos en que se produjeran vulneraciones de derechos; en segundo lugar, el estudio destaca que es imprescindible regular estas actividades y dotarse de un régimen sancionador amplio y efectivo para hacerla cumplir, todo ello sin olvidar incluir la perspectiva de género, especialmente relevante en aquellas empresas que se encarguen de tareas de cuidados.
En tercer lugar, apunta a la necesidad de estudiar mejor cómo actúan estas empresas, especialmente en relación a los encuentros con políticos: en este sentido, se apela directamente al Congreso de los Diputados para que cumpla con sus obligaciones en cuanto a transparencia y desarrolle una normativa que regule esta práctica.
Por último, el informe destaca la acción de las Administraciones a la hora de impulsar iniciativas como el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos –un organismo cuyo objetivo es estudiar, regular y sancionar en aquellos casos donde las empresas catalanas vulneren de pie- o bien facilitando el desarrollo de alternativas a las economías de plataforma en el marco de la economía social y solidaria, particularmente desde la compra pública.
