La justicia avala retirar el proyecto del Hermitage archivando la demanda de los promotores
El juzgado contencioso administrativo número 4 de Barcelona ha desestimado todas las acusaciones de los promotores del Hermitage contra el Ayuntamiento, entonces liderado por los comunes.
Los impulsores del proyecto cultural -una empresa privada controlada mayoritariamente por Varia Europe, un fondo de inversión suizo-luxemburgués- llegaron a reclamar 141 millones de euros de compensación al consistorio por no permitir la implantación del museo. También intentaron que se ocupara directamente el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), un organismo que ya rechazó seguir el caso y lo llevó al área del contencioso administrativo.
Ahora, la juez a cargo del expediente avala de lleno que el gobierno de Ada Colau optara por frenar la llegada de la franquicia del museo ruso. El Port de Barcelona había otorgado una concesión administrativa a los promotores del Hermitage para que siguieran adelante con los planes constructivos.
La decisión del ejecutivo municipal frenó aquellas ambiciones y llevó la parte privada a acabar descartando Barcelona como sede del Hermitage. Ahora bien, antes, los promotores llevaron a los responsables políticos a los juzgados, acusándoles de haber hecho trampas para bloquear la llegada del proyecto.
Ahora, el juzgado ha resuelto que la alcaldía es el órgano competente para adoptar las decisiones como las que rodeaban el proyecto del museo y que, en su defecto, puede delegar el pronunciamiento en otros órganos municipales, como se había hecho entonces con la comisión de gobierno.
«Se confirma lo que decíamos, que nosotros podíamos tomar esa decisión a través de la comisión de gobierno y que no debemos responder con ningún tipo de indemnización porque no teníamos ningún acuerdo con el Hermitage», reivindica ahora la entonces teniente de alcaldía de Urbanismo y ahora portavoz de Barcelona en Comú, Janet Sanz.
Asimismo, si bien todavía se puede realizar un recurso de apelación, con este pronunciamiento judicial se archiva un nuevo caso en los tribunales contra la acción de gobierno de Colau. Es la 19a vez que pasa, remarcan los comunes. En otro caso, una magistrada advirtió que estos movimientos judiciales podían enmarcarse en la dinámica del lawfare, una guerra sucia para perjudicar políticamente a los comunes.
