La nueva ley del taxi incorporará un requisito de catalán: Plataforma per la Llengua aspira al nivel B2
Plataforma per la Llengua y Élite Taxi han logrado que el nuevo proyecto de ley del taxi y de los VTC, que el Govern presentará mañana en el Consell del Taxi, incluya un requisito lingüístico amplio y obligatorio para todos los conductores.
El texto, que se prevé registrar esta misma semana en el Parlament de Catalunya, obligará a acreditar un nivel mínimo de catalán y se aplicará de forma retroactiva: también afectará a los profesionales que ya están en activo
La batalla por elevar el nivel al B2
La propuesta inicial del Govern fija el requisito en un B1, pero la entidad promotora avanza que defenderá en el Parlament que el certificado exigido sea un B2, un estándar más alto que garantice la plena competencia lingüística en la atención al usuario.
Plataforma per la Llengua lleva trabajando desde 2023, junto con Élite Taxi, para que la normativa establezca el B2 de catalán como condición imprescindible para obtener la credencial profesional, tanto para taxistas como para conductores de VTC.
Un proyecto que vuelve al Parlament
El anteproyecto ya estuvo a punto de aprobarse durante el mandato de Pere Aragonès, pero cayó con el cambio de gobierno. Desde entonces, la organización ha seguido presionando a partidos y administraciones para reactivar la negociación y llevar el texto a la cámara catalana.
El Govern presentará mañana el borrador en el Consell del Taxi, incluyendo una de las principales demandas: que el requisito sea retroactivo y que todos los trabajadores del sector —incluidos los de VTC— dispongan de un plazo máximo de dos años para acreditarlo.
Impacto en los derechos lingüísticos de los usuarios
Para Plataforma per la Llengua, esta medida representa un cambio histórico en la protección de los derechos lingüísticos de los clientes del taxi y de los VTC.
La entidad considera que el avance puede inspirar a otros sectores profesionales a regular sus competencias idiomáticas.
Asimismo, la organización anima a la administración a destinar recursos suficientes para facilitar el aprendizaje del catalán y se pone a disposición de trabajadores y empresas para acompañarles en la adaptación a la futura normativa.
