Desahucio en la calle Buenos Aires de Barcelona tras una mañana de tensión con la BRIMO
Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo el desahucio de una vecina en el número 60 de la calle Buenos Aires, en el barrio del Eixample en Barcelona, en un operativo que ha estado acompañado por momentos de gran tensión y la concentración de decenas de personas que intentaban impedir la actuación.
La intervención ha contado con la participación de la unidad BRIMO, que ha accedido al edificio tras superar una primera resistencia en el portal.
La persona desahuciada es una mujer con tres hijos menores que llevaba cerca de una década residiendo en la vivienda. Según la información disponible, contaba con acreditación de situación de vulnerabilidad, aunque acumulaba impagos del alquiler debido a dificultades económicas.
Tras la ejecución del lanzamiento, la mujer ha tenido que ser atendida por servicios sanitarios después de sufrir un episodio de ansiedad, reflejando el impacto emocional del proceso.
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Posición de la propiedad y planes sobre el inmueble
El edificio pertenece a la empresa New Amsterdam Developers, que había solicitado la ejecución del desalojo. La compañía prevé transformar el uso de las viviendas en un modelo de alquiler por habitaciones, según denuncian colectivos vecinales.
La propiedad defiende que esta decisión forma parte de su estrategia de gestión y reorganización del activo inmobiliario, y que actúa dentro del marco legal vigente.
Denuncias vecinales y conflicto habitacional
Colectivos como el Sindicat de Llogateres denuncian que este tipo de actuaciones forman parte de un proceso más amplio de presión inmobiliaria y transformación del modelo de vivienda, con la conversión de pisos en habitaciones a precios más elevados en el mercado de alquiler.
Según estas organizaciones, el conflicto no se limita a este edificio, sino que se repite en otros inmuebles gestionados por la misma propiedad, donde los residentes han mostrado resistencia a procesos similares.
Este caso reabre el debate en Barcelona sobre la vulnerabilidad residencial, la presión del mercado del alquiler y la transformación de vivienda habitual en alquiler de corta o media duración.
Mientras las entidades sociales alertan de un problema estructural de acceso a la vivienda, la propiedad sostiene que sus actuaciones responden a decisiones legítimas dentro del marco jurídico aplicable.
