Correctivo judicial a la ACCO por el cálculo de la sanción a Élite
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha estimado parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución sancionadora que en 2023 dictó la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), poniendo el foco en el método empleado para fijar la cuantía de la multa.
Aunque la sentencia confirma la existencia de una infracción en materia de competencia, considera que la resolución administrativa no se ajusta a derecho en lo relativo a la cuantificación económica, lo que obliga al organismo autonómico a revisar el importe impuesto.
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Error en la base de cálculo
El fallo judicial es claro al señalar que el criterio aplicado por la ACCO para determinar la sanción fue incorrecto. En lugar del sistema de representación utilizado inicialmente, el tribunal establece que deberá tomarse como referencia el número real de asociados correspondiente al año 2022.
Este matiz no es menor: implica rehacer completamente el cálculo económico sobre el que se sustentaba la multa.
Un varapalo metodológico para la autoridad catalana
La resolución supone un duro revés para la ACCO, ya que cuestiona de forma directa su metodología sancionadora. La multa, que ascendía a 122.910 euros, deberá ser recalculada conforme a los parámetros fijados por el tribunal.
El fallo pone de manifiesto deficiencias técnicas en la fundamentación económica de la resolución administrativa, dejando en entredicho el rigor con el que se determinó la cifra final.
Rectificación obligada y desgaste institucional
En definitiva, el tribunal no solo obliga a corregir el importe económico, sino que sitúa a la autoridad catalana en una posición comprometida, al quedar parcialmente desautorizada por la justicia en uno de los elementos esenciales de su resolución: la determinación de la sanción.
