Un menor deja la escuela en Barcelona tras una denuncia de agresión sexual y un conflicto con las medidas de protección
BARCELONA. 16 Abril. (Noticias del Taxi) – Un niño de 11 años, residente en el barrio de La Bordeta, en el distrito de Sants-Montjuïc, lleva dos meses sin acudir al colegio. Según su familia, la causa no es una negativa a escolarizarse, sino el impacto emocional de una situación que arrastra desde hace años.
La familia sostiene que el menor fue víctima de una agresión sexual por parte de un compañero durante unas colonias escolares hace dos años, un hecho que, según explican, el niño no se atrevió a relatar hasta el pasado mes de febrero.
Tras conocer la situación, la familia informó a la escuela Proa, donde estudian tanto la víctima como el menor señalado. El centro activó el protocolo de violencia en el ámbito escolar, adoptando inicialmente una medida cautelar consistente en separar a ambos alumnos en diferentes grupos para evitar cualquier coincidencia.
Sin embargo, según denuncia la familia, esa medida se habría revertido días después sin una explicación clara, lo que implicó que ambos menores volvieran a coincidir en la misma aula. A partir de ese momento, el niño dejó de asistir al colegio por miedo a compartir espacio con el alumno señalado.
Intervención institucional y alternativas planteadas
Los Mossos d’Esquadra han confirmado que tienen conocimiento del caso, aunque por el momento no consta ninguna denuncia formal a nivel policial. Paralelamente, el asunto ha sido comunicado al Consorci d’Educació y a la Fiscalía de Menores, lo que derivó en la activación del servicio de mediación de la Oficina de Relacions amb la Comunitat.
En una reunión entre familia, escuela y administración educativa se plantearon distintas opciones, como el cambio de grupo o de centro, la escolarización telemática o incluso la convivencia en la misma aula, alternativas que la familia considera inasumibles por la situación emocional del menor.
Seguimiento especializado y exigencia de explicaciones
El caso ha sido derivado a la unidad Barnahus, especializada en la atención integral a menores víctimas de violencia sexual, que realiza actualmente un seguimiento del caso.
La familia reclama ahora saber quién decidió revertir la medida cautelar y sostiene que el protocolo de protección no se habría aplicado correctamente. Su principal exigencia es que el menor pueda regresar a la escuela en condiciones de seguridad y estabilidad emocional, algo que, por el momento, no se ha logrado garantizar.
