Macro operación policial en el área metropolitana contra un grupo que introduce hachís en Catalunya a través de lanchas
Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil llevan a cabo este martes, 14 de mayo por la mañana, un operativo contra una organización criminal internacional que introduce hachís en Catalunya a través de lanchas procedente de Marruecos. En el marco de esta operación, están realizando registros en varias poblaciones del área metropolitana de Barcelona.
Los registros se están produciendo en Cabrils, Canovelles, Cerdanyola, Mataró, Rubí, Sant Adrià de Besòs y Terrassa. Ya se han realizado varias detenciones.
Entre los puntos en los que han entrado los agentes por orden judicial se encuentran lugares en los que la organización guardaba las lanchas semirrígidas que usaban para transportar el hachís desde las aguas internacionales frente a la costa catalana.
La puerta de entrada de droga
La policía advierte de que el litoral catalán se ha convertido en una puerta de entrada que usan cada vez con más frecuencia las redes delincuenciales para introducir hachís marroquí en el continente europeo, aprovechando la cercanía de Catalunya con Francia.
El aviso más claro de este nuevo fenómeno se tuvo el pasado 5 de febrero, cuando los Mossos sorprendieron –gracias al aviso de testigos– a una grupo descargando más de 5 toneladas de hachís en el puerto de Mataró. Más de quince personas fueron arrestadas entonces en una operación, bautizada como ‘Pekín’, que sigue abierta.
Una organización que penetra en negocios legales
La organización criminal contaba con la colaboración de empresas náuticas legales que daban cobertura y fiabilidad a sus operaciones comerciales. Adquirían el material náutico necesario para la fabricación de sus narcolanchas: motores de gran potencia, aparatos de navegación y comunicación, que les permitían realizar grandes desplazamientos marítimos a empresas legales con sede, tanto en el Estado español como en el extranjero. Los arrestados blanqueaban las ganancias de sus operaciones a través de estas mismas empresas.
La cúpula de la organización estaba liderada por dos individuos que llevaban a cabo labores de dirección y supervisión del grupo, aunque no se encargaban de las actividades más comprometedoras. El resto de los investigados formaba parte del aparato logístico de la organización.
Primer desembarco detectado en Tossa de Mar
En el marco de la investigación en febrero de 2023 los investigadores obtuvieron información relevante gracias a la cual pudieron intervenir en Tossa de Mar una partida de hachís de cerca de dos toneladas transportados en una narcolancha por la organización desde el norte de África.
Este desembarco lo organizó el grupo criminal investigado, que supervisó directamente su ejecución. El operativo policial logró interceptar la droga pero las personas que se encargaban de la operación lograron huir de la zona cuando se inició la actuación policial.
Los investigadores constataron que la organización criminal habría utilizado lanchas para otros desembarcos de hachís, como el ocurrido en las costas de Almería a inicios de marzo, en el que la Guardia Civil intervino cerca de dos toneladas de hachís y detuvo a siete personas.
Empresas legales del sector marítimo utilizadas como tapadera
El desembarco generó información de interés policial que, en parte, permitió al equipo de investigadores la detección de un entramado empresarial dedicado a blanquear el dinero, financiar las actividades de la organización e intentar justificar la compra del material necesario para la construcción las embarcaciones de alta velocidad.
De esta forma, los investigados hacían el transporte con las embarcaciones y también el blanqueo de dinero que conseguían de sus actividades. Dentro del propio entramado empresarial se localizaron hasta siete empresas, ubicadas en Cataluña, que facilitaban el blanqueo de capitales a partir de una simulación de la actividad. Los investigadores estiman que el conjunto de empresas pudo blanquear más de 2.100.000 euros.
Una de estas empresas, ubicada en el puerto deportivo de la localidad de Mataró, además de facilitar el blanqueo de capitales, se utilizaba para adquirir los elementos necesarios para la construcción de las embarcaciones.
Los investigados adquirían las partes para construir las lanchas de empresas estatales, ubicadas en Pontevedra, Málaga o Cádiz, pero también en empresas de distintos países europeos. De esta forma obtenían estructuras de embarcaciones semirrígidas y motores de gran potencia u otros elementos de navegación y comunicación, tratando de no levantar sospechas al adquirirlas desde una empresa náutica legal.
En total se han detenido a trece personas, seis de las cuales han ingresado en prisión provisional por orden del juez instructor de la causa y los Mossos aún buscan algún otro implicado.
