La ACCO logra tumbar un reglamento del AMB sobre VTC, pero la nueva ley del taxi hará inútil su victoria
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón a la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y ha declarado nulo el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de 2018 que ordenaba la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Según el fallo, el AMB se extralimitó en sus competencias al regular de manera específica a los VTC, un ámbito que —en ese momento— no estaba contemplado en sus atribuciones legales.
La ACCO, que desde hace años actúa como aliada de las plataformas de VTC en su cruzada contra la regulación, celebrará sin duda este resultado como una victoria contra lo que considera “barreras de entrada” en el sector. Pero la realidad es muy distinta: este fallo llega tarde y no cambiará nada.
En 2019, el Parlament ya reformó el marco legal, otorgando competencias explícitas para ordenar a los VTC a los entes locales y metropolitanos. Y este mismo año está previsto que se apruebe la nueva Ley del Taxi de Catalunya, que consolidará de forma definitiva ese poder regulador.
Una sentencia con poco recorrido real
El tribunal reconoce expresamente que el taxi es un servicio público de interés general, sometido a obligaciones de calidad, tarifas reguladas y cobertura universal, frente a la actividad privada y liberalizada de los VTC. Pero, al analizar el reglamento impugnado, concluye que el AMB carecía en 2018 de una base legal expresa para imponer una autorización adicional a estos vehículos.
Lo relevante es que esa carencia fue subsanada por la legislación posterior. Dicho de otra forma: la sentencia tiene un efecto simbólico, pero no práctico. Las mismas limitaciones que ACCO ha combatido con tanto empeño serán reforzadas cuando el Parlament apruebe la nueva ley, que mantendrá el control local sobre los VTC para proteger la movilidad, el espacio público y la sostenibilidad del servicio de taxi.
La ACCO, otra vez del lado de los VTC
No sorprende que la ACCO se haya puesto del lado de las multinacionales de VTC, como ya hiciera en otros procesos. Bajo el discurso de la “competencia y la innovación”, su estrategia ignora la realidad de un sector del taxi que presta un servicio público bajo fuertes obligaciones, mientras que los VTC operan sin tarifas reguladas ni deber de servicio público.
En definitiva, la sentencia puede ser titular de un día para las plataformas, pero no cambiará el rumbo normativo: Catalunya seguirá reforzando el taxi y regulando los VTC en favor del interés general.
