El Pleno da luz verde a la tramitación de la nueva ley del taxi y las VTC
El Pleno del Parlament de Catalunya ha acordado este miércoles, 11 de marzo de 2026, continuar con la tramitación de la Proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, la futura ley que regulará el sector del taxi y de los VTC en Catalunya.
La cámara ha dado luz verde a la iniciativa después de rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox. De este modo, la proposición seguirá ahora su tramitación en ponencia y comisión, donde los grupos parlamentarios podrán presentar modificaciones antes de que vuelva al Pleno para su debate y votación definitiva.
Amplio apoyo político a la nueva regulación
La propuesta ha salido adelante con el respaldo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP-DT y Aliança Catalana, que han votado en contra de la enmienda de Vox y, por tanto, a favor de continuar la tramitación de la ley. El PPC se ha abstenido.
Así, el grupo de ultraderecha Vox ha sido el único partido que ha intentado frenar la nueva ley, quedando aislado frente al amplio consenso parlamentario existente para ordenar el sector y proteger el taxi.
Una ley para ordenar el sector y reforzar el taxi
La proposición de ley, presentada conjuntamente por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP-DT, pretende crear un marco regulador actualizado para el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
El texto sitúa al taxi en una posición prioritaria, definiéndolo como un “servicio esencial” y un servicio económico de interés general, con obligaciones públicas de universalidad, accesibilidad y continuidad. La futura norma también busca poner orden en la actividad de los VTC y establecer reglas claras para todo el sector.
El debate continuará en comisión
Tras superar este primer trámite parlamentario, la ley continuará ahora su recorrido en ponencia y comisión. Durante esta fase, los grupos podrán presentar enmiendas al articulado y negociar cambios antes de la votación final en el Pleno.
Los grupos impulsores han defendido que la futura ley debe servir para garantizar seguridad jurídica, proteger el empleo, asegurar los derechos de los trabajadores y reforzar la capacidad de las administraciones para ordenar la movilidad.
