Deliveroo, UberEats y Glovo dejan a los repartidores abandonados sin medidas de seguridad

Deliveroo, UberEats y Glovo dejan a los repartidores abandonados sin medidas de seguridad

En el contexto actual de la pandemia de COVID-19 el gobierno ha decidido ralentizar la acti-vidad económica y redirigirla a las actividades esenciales.

Entre esta actividades «esenciales» se encuentran los Riders, expuestos a la pandemia sin ningún ningún tipo de supervisión de las condiciones de trabajo y, además, dificultando para ellos el acceso a las ayudas.

A la extrema precariedad laboral que sufren los repartidores se suma el riesgo por contagio del COVID19, ya que las plataformas como Deliveroo, Glovo o Uber Eats no proveen de ningún tipo de elemento de seguridad y no han implementado normas especiales, aparte de comunicaciones con precauciones higiénico/sanitarias similares a las que emiten las autoridades públicas.

Anuncios como ‘’entrega sin contacto’’ acompañados de ‘’envío gratis’’ y ‘’quédate en casa’’ hacia los consumidores no son protocolos de seguridad sino publicidad y promociones para atraer más clientes y compensar la caída generalizada de los pedidos, aprovechándose de la crisis por el coronavirus.

Asimismo, los Riders sufren la caída de la demanda, ya que se permite que trabajen como falsos autónomos y cobren por pedido bajo la amenaza del sistema de puntuación por algoritmo de las empresas, lo que les lleva a estar horas interminables en la calle.

Es frecuente verlos esperar pedidos en los pocos restaurantes, cocinas o establecimientos como como el McDonalds o el almacén de Glovo, que hace las veces de supermercado de servicio a domicilio, exponiéndose sin ningún tipo de vigilancia de condiciones como distancia mínima entre las personas.

Es fácil ver pelotones de 10 o más riders amontonados esperando pedidos.

Las empresas hacen oídos sordos a sus demandas

Con el fin de poder acceder a las ayudas, algunos repartidores han solicitado a las em-presas información del volumen de pedidos y de facturación para saber si ha descendido al 75 % desde que se declaró el estado de alarma, así como justificantes de empresa que sirva a efectos del expediente administrativo para documentar a la Seguridad Social y poder tener derecho a la prestación extraordinaria.

Ninguna de estas solicitudes ha sido satisfecha. Las empresas han hecho oídos sordos.

Con el conocimiento que tenemos sobre la facilidad de transmisión del COVID-19 podemos ver que estas condiciones son un punto de fuga que contrarresta las medidas de protección que está tomando el resto de la sociedad.

En Barna Diario hemos sido testigos de grupos de cocineros que entregan pedidos a Riders amontonados sin ningún tipo de protección.

Incluso cumpliendo la entrega al cliente sin contacto, nos preguntamos cuáles son las posibilidades de que ellos reciban el famoso virus en sus pedidos.  Seguramente altas.

Es algo que el gobierno está permitiendo al dejar que este colectivo siga trabajando sin ningún control, delegando en las irresponsables empresas de reparto.

La precariedad laboral

El gobierno incluye a este colectivo como excepción para que pueda seguir trabajando, pero no lo incluye como excepciones de “autónomos” a la hora de pedir las prestaciones.

No es aceptable que trabajadores que han sido despojados de sus derechos, sean además los más desprotejidos laboral y sanitariamente.

A pesar de que cuatro Tribunales Superiores de Justicia e innumerables jueces han sentenciado en contra de la autonomía de los riders, a favor de una relación laboral que ya es evidente y que ya se tenía que haber regulado antes esta crisis, tal como se ha venido demandando constantemente.

En este peligroso contexto se eleva la necesidad de que las empresas de reparto se responsabilicen con sus trabajadores y la sociedad, y no se desentiendan con mentiras tales como “los trabajadores son autónomos” o diciendo que “no son empresas de reparto sino de explotación de datos informáticos”.

Creerles esas mentiras y permitirles la vulneración de los derechos se cobrará vidas humanas, aumentando la curva de contagio del COVID-19, todo con el beneplácito del gobierno que los mantiene como “servicios esenciales” sin seguridad mínima ni ingresos mínimos.

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