Archivada la querella de una inmobiliaria contra Ada Colau para evitar un desahucio en Les Corts
Una magistrada de Barcelona ha archivado la querella que la inmobiliaria Junimo interpuso contra la exalcaldesa, Ada Colau, poe evitar el desalojo de un ciudadano en situación de vulnerabilidad en Les Corts. Los hechos ocurrieron en los últimos meses del mandato anterior y la empresa también se querelló contra la exconcejala de Vivienda Lucía Martín y tres funcionarias del consistorio.
En el auto la magistrada ha considerado que la intervención del consistorio en este caso se ajusta a las obligaciones que establece la ley catalana antidesahucios y ha descartado se cometiera una infracción penal o actos susceptibles de coacciones o prevaricación.
De acuerdo con el documento, el ciudadano al que quería desahuciarse acreditó no tener ingresos ni alternativa residencial. El escrito ha apuntado que el Ayuntamiento actuó como mediador e interpuso dos expedientes a la inmobiliaria, uno al considerar que se infringió la Ley 24/2015, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos sin alternativa y que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social; y otro por una posible habilitación de la finca como edificio de uso turístico.
Asimismo, señaló que la exconcejala Lucía Martín no intervino en la tramitación de estos expedientes ni dio órdenes de ningún tipo respecto a las resoluciones que debían adoptarse.
Las causas judiciales abiertas y archivadas contra Ada Colau y su gobierno
19 causas archivadas contra Colau
En un comunicado, BComú recordó que la abogada de la acusación, que ya había defendido otras causas archivadas contra Colau, apuntó en su escrito que el Ayuntamiento coaccionó a la inmobiliaria. Asimismo, remarcó que la letrada pidió 100.000 euros de compensación por los perjuicios causados y acusó de todo ello a Colau, a Martín y a las tres funcionarias que presuntamente habían intervenido.
La formación ha recordado que con ésta ya son diecinueve las causas archivadas contra Colau y su equipo de gobierno y los comunes lo consideran «una guerra judicial sin precedentes contra un gobierno municipal».
En este sentido, han lamentado el lawfare que ha sufrido este gobierno «por parte de lobbies que no quieren acatar políticas legítimas en defensa de la mayoría social». Aparte, añadieron que la estrategia ha servido para generar ruido, atacar la imagen y la honorabilidad de representantes democráticos e influir en la opinión pública de cara a los procesos electorales.
