La inmobiliaria Juninmo presenta una querella por coacciones contra Ada Colau por un desahucio en Les Corts
El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona ha admitido a trámite otra querella de una inmobiliaria contra la alcaldesa, Ada Colau, por presionarla presuntamente con sanciones para evitar el desahucio de un inquilino de Les Corts considerado vulnerable.
El lanzamiento, finalmente no se hizo gracias al acuerdo entre el inquilino y la empresa propietaria del inmueble. Según avanzó ‘El Diario’ y han confirmado fuentes municipales, la querella acusa a la alcaldesa de Barcelona de los delitos de coacciones y prevaricación.
La querella, que según el consistorio firma la misma abogada que interpuso la del fondo buitre Vauras —causa también bajo investigación—, se dirige además contra la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y contra trabajadoras del SIPHO, servicio municipal destinado a evitar el desahucio de personas vulnerables, así como de la Unidad de Disciplina y del distrito de Gràcia.
La inmobiliaria Juninmo acusa a la alcaldesa por un caso de desahucio ocurrido en el 2021, cuando el servicio de mediación de SIPHO intervino para evitar el desalojo de un vecino de Les Corts considerado vulnerable.
Durante el proceso, la inmobiliaria denuncia que el Ayuntamiento incoó un expediente por no ofrecer al inquilino alquiler social —según un artículo de la ley catalana de vivienda que así lo preveía antes de que el Tribunal Constitucional lo anulara—, que se acabó archivando.
A la misma inmobiliaria, la Dirección de Licencias de Ecología Urbana le incoó otro expediente sancionador por un piso turístico ilegal en el que, resalta el consistorio, no tuvo ninguna intervención ni la Oficina de Vivienda de Les Corts ni el SIPHO. Ese expediente también fue archivado.
Como en el caso de la querella presentada por el fondo buitre Vauras, la inmobiliaria acusa al Ayuntamiento de haber utilizado estos expedientes sancionadores como mecanismo de presión para coaccionarla de forma que acabara frenando el desahucio.
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han defendido que esta querella supone otro caso de guerra judicial contra la alcaldesa y han reivindicado que el SIPHO constituye una «buena práctica» en materia de políticas públicas sobre vivienda que ha sido reconocida por Naciones Unidas y por la ONG World Habitat.
Por ahora, el juzgado de instrucción ha requerido el expediente del desahucio al de primera instancia que lo ordenó y también ha solicitado el del proceso sancionador.
