Bolt amenaza con seguir operando en Barcelona y Cabify protesta por el Decreto
El reloj ha comenzado a correr. Quedan escasas horas para que entre en vigor el Decret Llei sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) aprobado por la Generalitat de Catalunya con el apoyo de todos los partidos políticos, excepto el PP, Ciudadanos y Vox.
Ante la inminente entrada en vigor de la nueva normativa de regulación del sector del transporte, la empresa de transportes de Estonia, Bolt, ha amenazado con seguir operando en la Ciudad Condal, y lo ha hecho a través del director general de Bolt en España, Daniel Georges en varios medios de comunicación, donde ha indicado contundentemente que «seguirá en Barcelona y hará todo lo posible para hacer crecer su negocio».
Por su parte, Cabify, a través del portavoz Javier Dorado, ha protestado por el Decreto indicando que «La ciudad de Barcelona necesita una alternativa de movilidad en el taxi».
Bolt se inventa un ridículo paragolpes para llamar la atención sobre la regulación de los VTC
El día 1 de octubre comienzan los controles exhaustivos
Según ha informado la asociación mayoritaria del sector del taxi en Barcelona, Élite Taxi, a partir de mañana, día 1 de octubre, tanto Guàrdia Urbana como Mossos d’Esquadra comenzarán a realizar exhaustivos controles a los vehículos VTC que circulan por las calles de la ciudad captando ilegalmente pasajeros.
A esto se suma los controles, al menos en los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona, -que es donde más presencia tienen los vehículos de Cabify y Bolt-, donde también se realizan estrictos controles para comprobar que se cumple la normativa actual.
Uno de los puntos fuertes de captación ilegal de pasajeros por parte de los VTC, es el Aeropuerto de El Prat, donde también están previstos los controles.
Ambos cuerpos policiales ya comenzaron hace días a instruir a los agentes para realizar los controles a estos vehículos y según han informado, los que más sanciones pueden recibir son las autorizaciones de otras comunidades que operan en Catalunya, «que son muchas».
A diferencia de la anterior normativa, en este decreto la mayoría de las infracciones tipifican como muy graves, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros y no será posible retirar el vehículo del depósito municipal, si antes no se ha depositado el total importe de la sanción.
