Ocho años después de los atentados del 17-A, persisten las dudas sobre el imán y el CNI
El pasado 13 de febrero, el Congreso de los Diputados vivió una sesión marcada por la polémica. Mohamed Houli Chemlal, uno de los condenados por los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, compareció ante la comisión de investigación que busca esclarecer los hechos.
Con un tono distante y casi burocrático, Houli señaló —sin aportar pruebas— supuestos vínculos entre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es-Satty, y el CNI. “Conocían sus intenciones”, afirmó, generando un silencio tenso en la sala.
A pesar de sus declaraciones, la mayoría de grupos parlamentarios recibieron su testimonio con escepticismo, al no presentar evidencias concretas.
Barcelona recuerda a las víctimas del 17-A en el octavo aniversario
Revelaciones periodísticas y contradicciones
Semanas más tarde, el diario ABC publicó que el imán recibía 500 euros mensuales del CNI antes de los atentados. Esta información chocaba directamente con la versión oficial de Félix Sanz Roldán, director de los servicios secretos entre 2009 y 2019, quien había asegurado que Es-Satty nunca fue colaborador ni informador.
El informe revelado por ABC señalaba que el imán no aportaba datos relevantes ni mostró interés en colaborar, aunque reconocía contactos previos. De hecho, a finales de 2024, el Gobierno remitió al Congreso documentación clasificada que confirmaba que el CNI intentó captar a Es-Satty, pero finalmente lo descartó por su tendencia al engaño y falta de disciplina.
Un estudio revela los factores detrás de la radicalización de la célula del 17-A
Puigdemont arremete contra el Estado
Las acusaciones de Houli fueron respaldadas por Carles Puigdemont, quien afirmó que confirman la falta de recursos del Estado para investigar la célula yihadista. “Han gastado años y dinero en fabricar la trama rusa, mientras tenían la trama yihadista en casa”, sostuvo el líder de Junts.
Puigdemont, que en 2017 presidía la Generalitat, recordó además que los Mossos d’Esquadra recibieron avisos sobre un posible ataque yihadista, pero estos fueron descartados al compartirlos con los servicios estatales.
La gestión tras los atentados
Los días posteriores al 17-A estuvieron marcados por la persecución de Younes Abouyaaqoub, autor del atropello en Las Ramblas, finalmente abatido en el Penedès. La respuesta policial recayó en los Mossos, con Josep Lluís Trapero como cara visible. Su ya célebre “bueno, pues muy bien, pues adiós” se convirtió en un símbolo de aquellos días.
Nueve días después, miles de personas se manifestaron en Barcelona bajo el lema “No tengo miedo”, en rechazo al terrorismo. Sin embargo, buena parte de la atención se centró en la protesta contra el rey Felipe VI, presente en la marcha junto a Puigdemont y Mariano Rajoy.
Solo dos meses después, el Estado aplicó el artículo 155 y destituyó a Trapero como jefe de los Mossos. Para Puigdemont, esa decisión fue una represalia por la actuación policial tras los atentados.
