Uber: La poderosa y feroz trasnacional que se come a los políticos y sus leyes
En el siglo XXI, un Estado Social y Democrático de Derecho tiene la obligación de intervenir una economía mediada por las nuevas tecnologías y garantizar a sus ciudadanos un desarrollo libre, pleno y digno como personas en el marco de la globalización digital.
Es por esto que el debate sobre las actividades de empresas trasnacionales que utilizan plataformas en internet, como Uber, no es un debate sobre tecnología (que es el medio), es una discusión de fondo sobre los derechos fundamentales, empezando por el transporte público y siguiendo por el derecho al trabajo digno.
Este, es un asunto estratégico respecto a la protección que el Estado debe brindar a la economía nacional en un marco de depredación global.
Empecemos por hablar claro frente a ¿Qué es y qué significa para España que estén operando empresas como Uber en un marco de un Estado débil y anacrónico frente a las nuevas economías digitales?
En primer lugar, Uber no es ninguna empresa colaborativa y horizontal, como falazmente se nos ha querido vender e ingenuamente repiten desde periodistas hasta políticos.
Uber es una poderosa y feroz trasnacional, cuya sede de operaciones es el Estado de Delaware, paraíso fiscal en los EE.UU., que quiere imponerse en España por la vía del talonario.
Además, usa como punta de lanza capitales de alto riesgo, entre ellos fondos buitres, para copar los mercados de todo el mundo.
Así mismo, ejerce una competencia desleal e ilegal, disfrazada de operación colaborativa que, a bajos costes, fruto de la explotación de los conductores a quienes recluta bajo la ilusión de ser socios, está empeñada en copar el mercado, quebrar las empresas de transporte público y establecerse como monopolio único y absoluto en un entorno ausente de regulaciones.
Es más, en los planes futuros de esta trasnacional, sus supuestos socios, propietarios de los coches que trabajan gratis para Uber, solo les serán útiles hasta cuando hayan desarrollado la forma de masificar la tecnología en la que han invertido parte importante de lo logrado por el trabajo de los miles de conductores «colaborativos».
Los coches autónomos de Uber darán una patada en el culo a los conductores, así como desaparecieron miles de carteros por el correo electrónico y las operadoras por los contestadores automáticos, mañana el oficio de taxista o conductor de Uber será solo una anécdota ante los coches autónomos.
Uber ya ha hecho su negocio en España, Colombia, Reino Unido, Alemania, y tantos otros países operando ilegal y deslealmente durante todos estos años.
A muchos de estos países les queda aún pendiente la reclamación por el impago de impuestos (España no ha reclamado).
Pero ahí no acaba la codicia de Uber, también atacan con Uber Freight, Express Pool o Uber Bus, en un plan para eliminar los sistemas de transporte público del mundo.
Terminemos esta reflexión con dos simples preguntas.
Primera: ¿Qué hacen políticos defendiendo las operaciones ilegales de una trasnacional depredadora como Uber?
Y segunda: ¿si Uber es una empresa colaborativa, de prosperar las demandas que presentan contra los gobiernos cuando les cierran la puerta, las repartirán entre todos sus colaboradores?
