Reforma del transporte de pasajeros en Catalunya: nuevo marco legal para taxis, VTC y servicios de movilidad
La nueva Proposición de Ley presentada en el Parlament de Catalunya establece un marco regulatorio completo para el transporte de pasajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Esta normativa engloba taxis, VTC, servicios de alta disposición, limusinas y plataformas de intermediación digital, con el objetivo de reorganizar de forma integral el funcionamiento del sector.
Uno de los elementos más relevantes del texto es la incorporación de la propuesta denominada BESCANVI, un sistema diseñado para permitir el canje voluntario de licencias VTC como mecanismo de transición que pretende ofrecer una salida estructural al conflicto que desde hace años enfrenta a distintos operadores del mercado.
La iniciativa legislativa busca construir un modelo estable, coherente y global para la regulación del transporte urbano e interurbano de viajeros, apoyándose en las competencias exclusivas de la Generalitat. El planteamiento también se fundamenta en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, que admiten limitaciones en el número de autorizaciones cuando existen razones de interés general, como la protección ambiental, la gestión del espacio público, la reducción de la congestión urbana o la organización eficiente de la movilidad.
El taxi como eje del servicio público
El texto normativo sitúa al taxi como un servicio económico de interés general, lo que implica la aplicación de obligaciones propias del servicio público. Entre estas responsabilidades se encuentran la universalidad del servicio, la continuidad en la prestación, la no discriminación de los usuarios y la aplicación de tarifas reguladas.
Bajo este enfoque, el taxi queda definido como el principal instrumento para cubrir la movilidad urbana ordinaria. La ley establece que únicamente cuando esta cobertura resulte insuficiente podrán autorizarse otros servicios como complemento.
En contraste, las VTC, los vehículos de alta disposición y las limusinas se clasifican como actividades privadas de carácter discrecional, lo que significa que operan fuera del régimen de servicio público y no están sometidas a las mismas obligaciones estructurales.
BESCANVI: una propuesta de transición para las licencias VTC
Dentro de la propuesta legislativa destaca el sistema BESCANVI, que plantea un mecanismo voluntario de canje de las autorizaciones VTC actualmente vigentes. A través de este modelo, los titulares de estas licencias podrían optar por transformarlas en una licencia municipal de taxi con una vigencia inicial de siete años, prorrogable durante un año adicional, o bien convertirlas en una autorización de Alta Disposición, una nueva categoría destinada a servicios contratados previamente y con un tiempo mínimo de disponibilidad para el usuario.
El objetivo de este planteamiento es garantizar que ningún operador quede excluido del mercado, permitiendo continuar la actividad bajo dos marcos diferentes: el régimen del taxi o el de operador de alta disposición.
El período máximo previsto de hasta diez años de actividad supera ampliamente los cuatro años de moratoria que la jurisprudencia consideró suficiente tras el Decreto Ábalos aprobado en 2018, lo que, según el texto, refuerza la seguridad jurídica del proceso de transición.
De acuerdo con la propuesta, este mecanismo permitiría reducir la conflictividad histórica entre el sector del taxi y las VTC, al ofrecer una solución que busca integrar a los distintos operadores dentro de un mismo sistema regulado.
Nuevas condiciones para el sector del taxi
La futura norma contempla que las licencias de taxi puedan otorgarse a nivel municipal o mediante autorizaciones concedidas por la Generalitat para ámbitos tanto urbanos como interurbanos. Esta fórmula ha sido objeto de negociación política y se prevé que sea confirmada mediante una enmienda que podría incorporarse al texto definitivo con el apoyo de los distintos grupos parlamentarios.
También se introduce una limitación estricta en la transmisión de las nuevas licencias temporales, permitiendo su traspaso únicamente en casos de fallecimiento o incapacidad del titular y exclusivamente a favor de herederos o del cónyuge. Esta restricción no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad, que mantendrán su régimen jurídico actual.
El texto incorpora además criterios ambientales obligatorios, estableciendo que los nuevos vehículos destinados al servicio deberán contar con etiqueta ECO o de Cero emisiones.
En el ámbito profesional se refuerzan las exigencias mediante formación específica para los conductores y la acreditación de un nivel mínimo de catalán equivalente al B1.
La normativa también prevé la geolocalización obligatoria de los vehículos, con el objetivo de facilitar el control administrativo y permitir su integración en una infraestructura común de datos. Asimismo, se abre la posibilidad de establecer adscripciones territoriales o franjas horarias específicas para garantizar una cobertura equilibrada del servicio.
Régimen regulatorio para las VTC
Las VTC continúan siendo consideradas una actividad privada, manteniendo la libertad para fijar precios, aunque bajo un marco regulatorio más definido.
Las autorizaciones pasan a tener una duración limitada con posibilidad de prórroga, y se introduce la obligación de precontratación mínima mediante registro electrónico, reforzando el control sobre la prestación del servicio.
La ley prohíbe de forma expresa la captación de clientes en circulación, por lo que los vehículos deberán permanecer en garajes o estacionamientos cuando no estén prestando servicio.
En materia ambiental y profesional, las VTC deberán cumplir requisitos similares a los exigidos al taxi, incluyendo tanto las condiciones ecológicas de los vehículos como las exigencias formativas y lingüísticas para los conductores.
Regulación de alta disposición, limusinas y plataformas digitales
La nueva categoría de Alta Disposición se configura como un servicio que solo podrá prestarse mediante contratación previa y con un período mínimo de disponibilidad, requiriendo una autorización específica y su vinculación a una autorización interurbana VTC.
Las limusinas contarán con una regulación diferenciada y su número de autorizaciones quedará limitado a los vehículos que se encuentren operativos en el momento de la entrada en vigor de la ley.
En relación con la intermediación digital, el texto define con mayor precisión los modelos de funcionamiento de las plataformas y aplicaciones, diferenciando entre modelos horizontales y verticales e imponiendo la obligación de facilitar datos al sistema común de información del sector.
Creación de una infraestructura de datos compartida
La normativa establece un registro obligatorio acompañado de una infraestructura de datos común, destinada a recopilar información sobre taxis, VTC y operadores de intermediación.
Esta herramienta tendrá como finalidad mejorar la planificación, la supervisión y el control administrativo del sistema de movilidad, permitiendo a la administración disponer de información más precisa sobre la actividad del sector.
Endurecimiento del régimen sancionador
El nuevo marco regulatorio refuerza el régimen disciplinario, introduciendo una clasificación más precisa de infracciones leves, graves y muy graves.
Las sanciones económicas estarán graduadas según la gravedad de la infracción y podrán incluir medidas adicionales como la inmovilización del vehículo o la revocación de la licencia en casos de reincidencia en faltas muy graves.
Una reorganización estructural del sistema de movilidad
En conjunto, la propuesta legislativa plantea una reordenación profunda del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas en Cataluña. El taxi queda consolidado como pieza central del servicio público de movilidad urbana, mientras que las VTC y otras modalidades pasan a desempeñar un papel complementario y regulado.
Al mismo tiempo, el texto incorpora herramientas tecnológicas, criterios ambientales más exigentes y requisitos profesionales reforzados, elementos que pretenden modernizar el sector.
La inclusión del mecanismo BESCANVI introduce una vía de transición orientada a reducir el conflicto histórico entre operadores, ofreciendo un período de adaptación superior al que anteriormente había sido avalado por los tribunales y garantizando la continuidad de la actividad para quienes actualmente trabajan en el sector.
En términos generales, la propuesta se presenta como una respuesta integral a la inseguridad jurídica y a las tensiones del mercado, con el propósito de equilibrar competencia, sostenibilidad y defensa del interés general dentro del sistema de movilidad en Catalunya.
