La Audiencia de Barcelona enviará a 46 agentes de la Policía Nacional a juicio por las cargas del 1-O
La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio a un total de 46 policías nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la ciudad durante el 1 de octubre del 2017. Afianza, así, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso.
En la resolución, el tribunal descarta investigar a más agentes —motivo de los recursos de apelación de las acusaciones— pero también descarta archivar la causa contra ninguno de ellos . De esta forma, deniega las peticiones de sus defensas, con el apoyo mayoritariamente del ministerio fiscal.
Posible delito contra la integridad moral
El auto establece que “la calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público”.
El auto del juzgado, ahora confirmado, envía a juicio a 46 policías y archiva la causa para otros 21. Òmnium, Irídia y la ANC recorrieron contra algunos de estos archivos, pero la Audiencia les ha confirmado. En cuanto a los agentes investigados, se han desestimado sus recursos.
El tribunal dice que hay muchas evidencias e imágenes que indican que podrían haberse cometido abusos policiales como lesiones y delitos contra la integridad moral contra los votantes independentistas. De hecho, el tribunal reprocha a algunos policías que aseguraron que no estaban en el lugar de los hechos aunque las imágenes los desmientan. La Audiencia también avala que sean juzgados algunos mandos por dar las órdenes de cargas desproporcionadas.
Òmnium e Irídia celebran la resolución
Òmnium Cultural e Irídia, acusaciones populares, consideran que esta resolución supone un gran paso adelante en la lucha contra la «impunidad de una actuación policial no sólo desproporcionada sino también delictiva», que provocó la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos.
Según las entidades, esta resolución supone “un nuevo paso para acabar con la impunidad de la violencia policial y reconoce el papel imprescindible de la sociedad civil como herramienta de protección de derechos humanos frente a la falta de impulso de la fiscalía de una investigación efectiva”.
