Llarena cree que podría haberse detenido a Puigdemont y pide investigar la huida

Llarena acusa a los Mossos de no hacer lo suficiente para detener a Puigdemont y quiere que un juez lo investigue

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no está convencido de la imposibilidad de detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a su regreso a Catalunya, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Considera que no queda descartado en el informe de los Mossos d’Esquadra y Ministerio del Interior que Puigdemont no recibiera ayuda para huir de Barcelona. Cree que se pueden derivar delitos. Por eso pide que se abra una investigación.

El juez Llarena concluye que los informes de Mossos y del ministerio de Interior sobre la fuga de Puigdemont no justifican por qué no le detuvieron el 8 de agosto ni antes de ir a la concentración de Barcelona ni cuándo acabó. Cree que hay responsables no aparentes, dice, de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, aparte de los tres mossos identificados y detenidos por su supuesta participación. Así que remite los informes a los juzgados de Barcelona para que abran una investigación.

Llarena mantiene la orden de detención de Puigdemont en España al considerar que no se le puede aplicar la amnistía al delito de malversación.

Quien también ha hablado ha sido la Fiscalía Superior de Catalunya. En este caso el ministerio público descarta que los acompañantes de Carles Puigdemont, este agosto en Barcelona, ​​hayan cometido delito alguno. Así lo expresa el teniente fiscal, Pedro Ariche, en tres informes, en los que pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que inadmita las querellas presentadas por los grupos de ultraderecha Hazte Oír y Vox contra el presidente del Parlament, Josep Rull, el expresidente Pere Aragonès, el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena, y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.

Por otra parte, la fiscalía pidió al Tribunal Constitucional que aparte al magistrado José María Macias de las deliberaciones de los recursos presentados contra la ley. Argumenta que no es imparcial porque se posicionó en su contra cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial.