La Sindicatura pide frenar el desalojo de La Sagrera hasta garantizar una alternativa de vivienda
La Sindicatura de Greuges de Barcelona recomienda suspender el desalojo del asentamiento situado en la calle Gran de la Sagrera hasta que las administraciones garanticen una alternativa residencial adecuada, estable y suficiente para todas las personas que viven actualmente en el espacio.
La institución considera que, en las circunstancias actuales, ejecutar el desalojo no ofrece las garantías exigidas por la normativa vigente ni por los estándares internacionales de derechos humanos. Su principal preocupación es que la desaparición del asentamiento pueda dejar a parte de sus residentes sin una solución habitacional adecuada.
La Sindicatura abrió una actuación de oficio en abril de 2026, después de conocer a través de Amnistía Internacional y Amics del Moviment Quart Món la situación y el desalojo previsto en este espacio del distrito de Sant Andreu.
Según la información analizada, se trata de un terreno de titularidad municipal que constituye el hogar habitual de decenas de personas sin una alternativa residencial adecuada. En varios casos, además, sus residentes mantienen procesos de seguimiento y acompañamiento por parte de los servicios municipales.
Alrededor de 66 personas viven actualmente en el asentamiento
La investigación realizada por la Sindicatura sitúa en aproximadamente 66 el número de personas que residen en La Sagrera, distribuidas en diferentes unidades de convivencia.
Entre los afectados hay niños y niñas, mujeres, personas con problemas de salud y personas en situación administrativa irregular, además de residentes que llevan muchos años vinculados a Barcelona y a su área metropolitana.
La institución advierte de que no se trata de un grupo homogéneo ni de una situación aislada. Por el contrario, considera que existe una realidad social compleja que requiere una intervención específica y coordinada por parte de las administraciones.
Una parte de los residentes participa actualmente en procesos de inclusión social y programas de acompañamiento profesional, relacionados con ámbitos como la salud, la educación, el asesoramiento jurídico o la inserción social.
La Sindicatura alerta de que un desalojo sin una solución habitacional adecuada podría romper estos procesos, dificultar el acceso a servicios básicos y debilitar los vínculos sociales y comunitarios que se han construido durante años.
Los recursos temporales no garantizan un realojo estable
La institución también cuestiona que las principales alternativas planteadas hasta ahora se basen fundamentalmente en recursos de emergencia y alojamientos temporales.
A juicio de la Sindicatura, ofrecer una plaza en este tipo de recursos no equivale necesariamente a garantizar un realojo adecuado. Las situaciones de exclusión residencial severa requieren soluciones que tengan en cuenta las circunstancias familiares, personales, laborales y sanitarias de cada persona.
El problema se agrava por las propias limitaciones del sistema de vivienda de emergencia. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, la Mesa de Emergencia adjudicó 139 viviendas, mientras que durante ese mismo periodo recibió más de 700 solicitudes.
Para la institución, esta diferencia refleja las dificultades existentes para proporcionar una respuesta residencial estable a todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
La situación no puede abordarse únicamente como un problema urbanístico
La Sindicatura reconoce las deficiencias de seguridad, salubridad y habitabilidad señaladas en los informes municipales. Sin embargo, considera que el caso no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva urbanística o relacionada con la titularidad del espacio.
El organismo entiende que están en juego derechos fundamentales vinculados a la vivienda, la salud, la educación, la dignidad y la inclusión social. Por ello, cualquier actuación dirigida a acabar con una situación de infravivienda debería incorporar al mismo tiempo medidas que protejan de forma efectiva a las personas que viven allí.
La institución advierte además de que eliminar físicamente los asentamientos sin abordar las causas que originan la exclusión residencial no resuelve el problema de fondo. En determinadas circunstancias, una actuación de este tipo puede provocar que las mismas personas terminen viviendo en condiciones similares en otro punto de la ciudad.
Los menores y otros colectivos vulnerables deben tener prioridad
La presencia de niños y niñas, mujeres y personas con necesidades sociales o sanitarias específicas lleva a la Sindicatura a reclamar una actuación especialmente cuidadosa.
En el caso de los menores, el principio del interés superior del niño debe ocupar un lugar prioritario en cualquier decisión relacionada con el asentamiento. Esto implica valorar las posibles consecuencias sobre aspectos como la escolarización, la salud, la estabilidad residencial y el desarrollo personal.
La institución pide, por tanto, que las alternativas que se planteen tengan en cuenta de manera específica las necesidades de estos colectivos y cumplan plenamente con los estándares de protección de los derechos humanos.
La Sindicatura reclama una estrategia contra el sinhogarismo
Más allá del caso concreto de La Sagrera, la Sindicatura considera que la situación pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de prevención y erradicación del sinhogarismo y de la exclusión residencial severa.
La institución participa en la Taula de Ciutat per a l’abordatge del Sensellarisme e impulsa el proyecto piloto Pla Zero Carrer, una iniciativa que parte de la idea de que ninguna persona debería verse obligada a vivir en la calle.
El proyecto apuesta por actuar sobre las causas estructurales del sinhogarismo y propone una intervención coordinada entre las diferentes administraciones, las entidades sociales y los agentes económicos, incorporando además una perspectiva metropolitana.
La iniciativa pretende avanzar desde un modelo centrado principalmente en la gestión de situaciones de emergencia hacia una estrategia orientada a prevenir y erradicar de forma sistemática el sinhogarismo.
Reclaman avanzar en una futura ley contra el sinhogarismo
La Sindicatura también recuerda las conclusiones de su Dictamen 1/2024 sobre la proposición de ley destinada a erradicar el sinhogarismo. En aquel documento, la institución respaldó la creación de un marco normativo específico que refuerce las obligaciones de las administraciones en materia de prevención, atención y garantía de derechos.
Ahora vuelve a reclamar que se avance en la aprobación y aplicación efectiva de esta futura normativa y que se le proporcionen los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.
Para la Sindicatura, el caso de La Sagrera refleja precisamente algunos de los retos que deberá afrontar esa legislación, especialmente cuando coinciden exclusión residencial prolongada, vulnerabilidad social y falta de alternativas habitacionales.
El desalojo no debe generar una situación de mayor exclusión
La conclusión de la institución es que el desalojo inmediato no cumple actualmente con los principios de proporcionalidad, buena administración e interés superior del menor.
La Sindicatura sostiene que acabar con las situaciones de infravivienda es una obligación, pero esa intervención no debería traducirse en un empeoramiento de las condiciones residenciales de las personas afectadas.
Desde esta perspectiva, los desalojos deben ser excepcionales y las administraciones tienen que evitar que sus actuaciones terminen generando nuevos casos de sinhogarismo o exclusión residencial severa.
Por ello, la institución insta a las administraciones competentes a priorizar una respuesta que permita garantizar una alternativa residencial adecuada y la protección de la dignidad y los derechos de todas las personas afectadas antes de ejecutar el desalojo.
