Supermercados de Barcelona 24 horas en varios distritos bajo investigación por fraude eléctrico
Un dispositivo conjunto de inspecciones llevado a cabo el pasado 2 de diciembre en diversos supermercados de Barcelona puso al descubierto 24 delitos de defraudación de fluido eléctrico y numerosas infracciones administrativas.
La operación, denominada ‘NIHARI’, contó con la participación de agentes de la Guardia Civil, Guardia Urbana y Policía Nacional, además de técnicos de ENDESA y funcionarios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se inspeccionaron 26 establecimientos, muchos de ellos franquiciados y algunos abiertos las 24 horas, ubicados en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella.
Fraude eléctrico y riesgos para la seguridad
Los técnicos de ENDESA constataron que 24 de los 26 locales manipulaban la red eléctrica para evitar el pago de la energía consumida, lo que supuso la investigación de 26 personas por presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. Se estima que se defraudaron 2,85 millones de kilovatios, equivalente al consumo anual de 814 viviendas.
Además del fraude, las instalaciones irregulares representan un grave riesgo para la seguridad, debido a la ausencia de protecciones técnicas, sobrecargas y manipulación de cuadros eléctricos, lo que podría derivar en cortocircuitos o incendios, especialmente en locales situados en bajos comerciales de edificios residenciales.
Multitud de infracciones administrativas detectadas
La Guardia Civil instruyó diligencias por delitos de defraudación y abrió 16 expedientes de denuncia por irregularidades en productos, etiquetado, medidas sanitarias y control de básculas.
Por su parte, la Guardia Urbana detectó 87 infracciones relacionadas con seguridad, higiene y normativa, incluyendo problemas en salidas de emergencia, falta de extintores, aseos impracticables, venta de alimentos caducados y actividad comercial sin licencia.
En cuanto a la Policía Nacional, se identificó a 59 ciudadanos, de los cuales cinco eran víctimas de explotación laboral y otros cinco se encontraban sin autorización legal para residir o trabajar en España, iniciándose los expedientes correspondientes.
En todos los establecimientos con acometida irregular se procedió al corte del suministro eléctrico y se trasladó la información a los servicios técnicos del Ayuntamiento para garantizar la seguridad alimentaria.
