CGT impugna el ERE de Glovo y denuncia falta de pruebas para justificar 500 despidos
El próximo 29 de junio tendrá lugar el juicio sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) impulsado por Glovo, un procedimiento que contempla el despido de cerca de 500 trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT), una de las organizaciones sindicales presentes en el proceso, ha decidido impugnar el expediente al considerar que la empresa no ha aportado pruebas suficientes para justificar las causas económicas y organizativas alegadas.
La organización sindical sostiene que la documentación presentada durante el periodo de consultas resulta insuficiente para acreditar la necesidad de una medida de esta magnitud y denuncia que parte de la información solicitada durante la negociación nunca fue facilitada por la empresa.
CGT cuestiona la justificación de los despidos
Según la demanda presentada por el sindicato, Glovo fundamenta el despido colectivo en supuestos desajustes de plantilla y en una estrategia de externalización de determinadas actividades. Sin embargo, CGT considera que la compañía no ha demostrado de manera objetiva que la subcontratación sea más eficiente o económicamente ventajosa que la actividad desarrollada por la plantilla propia.
La organización critica que los datos aportados por la empresa no permiten conocer con precisión qué tareas realiza directamente Glovo y cuáles son asumidas por empresas externas. Tampoco se habría explicado cómo se distribuyen los servicios ni si existen diferencias en rentabilidad, carga de trabajo o eficiencia entre unos y otros.
Para el sindicato, aceptar estos argumentos sin una acreditación suficiente supone asumir que la plantilla de Glovo es menos eficiente o más costosa que la mano de obra externalizada, una afirmación que, según sostiene, no ha sido demostrada durante el proceso negociador.
Dudas sobre la externalización de actividades
Uno de los aspectos centrales de la impugnación es el modelo organizativo planteado por la compañía tras la ejecución del ERE.
CGT considera que la estrategia empresarial se basa en trasladar determinadas actividades a empresas externas que, en muchos casos, se limitarían a aportar mano de obra. A juicio del sindicato, esta situación podría generar riesgos jurídicos relacionados con posibles supuestos de cesión ilegal de trabajadores, además de desplazar determinadas responsabilidades laborales fuera de la empresa principal.
La organización sindical sostiene que la compañía tampoco ha acreditado de forma suficiente cuáles serían los contratos extinguidos ni las razones concretas que justificarían una supuesta reducción de actividad en un sector que continúa creciendo y ampliando servicios.
La trayectoria judicial de Glovo, bajo el foco
La impugnación del ERE también hace referencia a la trayectoria de Glovo en materia laboral y a los numerosos procedimientos judiciales relacionados con la situación de sus repartidores.
CGT recuerda que la compañía ha protagonizado durante los últimos años una intensa actividad judicial vinculada a la contratación de trabajadores y al reconocimiento de derechos laborales. Diversas resoluciones judiciales han cuestionado las tesis defendidas por la empresa y han confirmado la existencia de relaciones laborales sujetas al régimen general de la Seguridad Social.
Para el sindicato, este contexto resulta relevante a la hora de analizar un expediente que vuelve a situar la externalización de actividades en el centro del debate.
Solicitud de nulidad del expediente
Ante esta situación, CGT ha solicitado a la autoridad judicial la nulidad del ERE o, de forma subsidiaria, que sea declarado no ajustado a derecho por carecer de causas suficientemente acreditadas.
La organización considera que una decisión que afecta a centenares de trabajadores debe estar respaldada por datos objetivos, informes verificables y una justificación sólida que permita comprender las razones reales de la medida.
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Un juicio clave para el futuro de la plantilla
El juicio previsto para el próximo 29 de junio se presenta como una cita determinante para el futuro de los trabajadores afectados por el expediente.
La resolución judicial deberá analizar si las causas alegadas por Glovo cumplen los requisitos exigidos por la legislación laboral y si la documentación aportada durante el proceso de negociación resulta suficiente para justificar la adopción de un despido colectivo de esta envergadura.
Mientras tanto, CGT mantiene que la defensa del empleo exige que decisiones de esta trascendencia se sustenten en pruebas reales y acreditadas, y no únicamente en planteamientos empresariales que, según denuncia, no han sido debidamente demostrados.
