El barrio de Sants se vuelca para impedir el desahucio de Josep en plena incertidumbre urbanística
La presión social volvió a hacerse visible ante un nuevo intento de desahucio de Josep Beltran, vecino de la calle Burgos en Sants, directamente perjudicado por el proceso de expropiación vinculado al Calaix de Sants.
Desde primera hora de la mañana, un centenar de personas se reunieron para apoyarlo y reclamar una salida que evite su expulsión, en un despliegue marcado por un amplio dispositivo policial y el corte total de la calle por parte de los Mossos d’Esquadra. Josep insiste en que su objetivo es negociar un acuerdo con la propiedad que garantice tanto su permanencia temporal como un realojamiento digno.
Un realojamiento que no llega después de dos décadas
El caso de Josep se ha convertido en un símbolo del desgaste que viven los vecinos de esta calle, que llevan más de veinte años esperando una solución definitiva. Sus viviendas forman parte de la tercera fase del proyecto del cajón de Sants, que contempla el derribo de varias fincas para construir nuevas promociones residenciales.
La familia de Josep, de 66 años, reside en el edificio desde 1943. Tras la muerte de su padre en 2021, la propiedad se negó a subrogarle el contrato y le exigió un alquiler de 1.400 euros, argumentando que la vivienda corresponde a dos unidades unidas. Ante la negativa de Josep, el propietario presentó una denuncia por impago, pese a que no existía ningún contrato actualizado.
La finca estaba incluida en el plan municipal que debía garantizar a los afectados una vivienda de reemplazo en un solar próximo a la plaza de Josep y Esteve Fortuny i Guarro. Ese edificio debía haberse levantado en 2020, pero las demoras políticas y administrativas lo han pospuesto reiteradamente. Josep ya expresó en septiembre que, si el realojamiento prometido se hubiera ejecutado a tiempo, no estaría afrontando esta situación, igual que el resto de afectados. El vecindario envió recientemente una carta a la concejala del distrito, Raquel Gil, reclamando que la nueva planificación no suponga su desalojo sin alternativa.
El papel del Ayuntamiento como intermediario
La Oficina de Vivienda de Sants-Montjuïc sigue el caso desde comienzos de 2022. El consistorio trató de mediar con la propiedad para pactar un alquiler inferior al importe exigido, aunque el propietario rechazó en todo momento cualquier rebaja. Aun así, el Ayuntamiento mantiene su voluntad de actuar como puente entre ambas partes para evitar un desenlace traumático y garantizar que Josep pueda mantener su estabilidad hasta que exista una solución urbanística definitiva.
