Deliveroo, Uber Eats y Glovo dejan a los repartidores abandonados sin medidas de seguridad

Un juzgado de Barcelona abre diligencias contra el presidente de Glovo por delito contra los derechos de los trabajadores

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia penal el pasado mes de junio contra los responsables de Glovo por emplear falsos autónomos. La legislación laboral prohíbe esta práctica y el Código Penal la castiga desde la reforma de 2022 con penas de prisión de seis meses a seis años.

La investigación que ha conducido a esta denuncia deriva del informe elaborado por Inspección de Trabajo y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023, por lo que la fiscalía abrió la investigación en el mes de febrero, y ahora, después de tres meses a presentado la denuncia penal.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la denuncia presentada por la fiscalía contra la empresa Glovo entró, por reparto, en el juzgado de instrucción 31 de Barcelona, ​​que ha acordado la apertura de diligencias.

A pesar de las sentencias, Glovo continúa incurriendo en delito

En la denuncia, la Fiscalía lamenta que pese a los diversos requerimientos -en recopilación de organismos de Inspección Laboral de varios puntos del Estado- la empresa sigue manteniendo una relación laboral que constituye un delito contra los derechos de los trabajadores.

Considera incuestionable que los trabajadores de Glovo han continuado haciendo las tareas de reparto en las mismas condiciones que antes de las sentencias, sin que se les haya reconocido la condición de trabajadores por cuenta ajena.

Asimismo, subraya que los riders no tienen una organización de trabajo propia, dado que prestan sus servicios dentro de la implementada por la empresa Glovo. Es ésta quien dirige y organiza sus tareas diarias a través de la plataforma digital de obligada utilización, donde se determina la forma y precio del servicio de recogida y entrega de productos. También establece un sistema de control del proceso productivo por medio de la gestión algorítmica del servicio, asegura la Fiscalía.