La Fiscalía de Barcelona presenta una denuncia penal contra Glovo por emplear falsos autónomos
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia penal contra los responsables de Glovo por emplear falsos autónomos. La legislación laboral prohíbe esta práctica y el Código Penal la castiga desde la reforma de 2022 con penas de prisión de seis meses a seis años.
La investigación que ha conducido a esta denuncia deriva del informe elaborado por Inspección de Trabajo y que entregó a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023, por lo que la fiscalía abrió la investigación en el mes de febrero, y ahora, después de tres meses a presentado la denuncia penal.
Este proceso penal se suma a las millonarias sanciones impuestas por Inspección de Trabajo. La compañía acumula una deuda con la Seguridad Social de unos 200 millones de euros en cuotas no abonadas y en torno a otros 50 millones en sanciones, un castigo que pone en riesgo a la compañía: Delivery Hero (propietaria de Glovo) reconoce que los problemas legales que arrastra amenazan la viabilidad de la empresa.
Ley Riders
El Gobierno aprobó la ley Riders en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar del mercantil. Pero Glovo, la principal empresa del sector, ignora la nueva legislación, a pesar de las millonarias multas impuestas por Inspección de Trabajo y la sentencia del Supremo de 2020 que reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores.
Desde el ministerio detallaban que ese aviso a Glovo “era la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado; si estos requerimientos no fructifican, trasladaremos a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas atendiendo a esta nueva regulación penal”. Dado que la empresa sigue funcionando con autónomos.
