Imputan a una empresa de cobro de deudas de Endesa por estafa
La Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) pide penas de uno a dos años de cárcel para tres miembros de DPS Consulting, la empresa encargada del cobro de deudas de Endesa. Los hechos se remontan a 2020, cuando una mujer vulnerable recibió la llamada de una trabajadora de DPS haciéndose pasar por una funcionaria de la administración de justicia y amenazándola con embargarle las cuentas si, en menos de dos semanas, no pagaba la deuda contraída.
La APE interpuso una querella y el juzgado citó a declarar en calidad de investigados a dos miembros de la compañía y a una trabajadora, que aportó un guión que le facilitaba la empresa para reclamar las deudas.
Audio de la llamada suplantando la identidad
La querella fue admitida a trámite el pasado diciembre por el juzgado de instrucción 5 de Barcelona y se inició la fase de instrucción. Durante la misma, fueron citadas a declarar a varias personas de DPS Consulting, entre ellos miembros de la directiva, así como la trabajadora que efectuó la llamada.
🗣️Comunicat: DPS Consulting @paresseixas (els cobradors d’@Endesa) i la seva directiva imputats per possibles delictes d’estafa, coaccions i usurpació de funcions públiques. #AcosoDeEndesaAJuicio
Durant la fase d’instrucció s’han posat en evidència fets escandalosos:
Obrim fil!👇 pic.twitter.com/iulXWG2rwX— Aliança contra la Pobresa Energètica (@APE_Cat) January 26, 2022
La APE, que ha sido asesorada por Arrels Advocats, ha explicado que se ha podido constatar que la llamada fue realizada desde un departamento llamado ‘Departamento de llamadas especiales’.
Éste tendría por objetivo reclamar deudas mediante un «engaño» telefónico, consistente en un falso servicio de notificaciones judiciales. Así, la dirección habría facilitado un guión a los trabajadores, que además estarían sujetos a un sistema de bonificación y penalización en función de la consecución de los objetivos económicos, según la Alianza.
La organización ha añadido que se reclamaban deudas a pesar de saber que estaban prescritas. En el caso concreto, la APE ha asegurado que ha quedado acreditado que de los 2.369,43 euros que le reclamaban a la mujer, 1.675,88 habían prescrito de acuerdo a los plazos previstos en el Código Civil. Por último, apuntan que DPS Consulting debería obtener un 18% de las cantidades que consiguiera cobrar a la mujer.
Delito de estafa en grado de tentativa
El abogado de la mujer ha pedido el inicio del juicio oral. Acusa a la compañía de un delito de estafa en grado de tentativa y a dos de los directivos de delitos de estafa, coacciones y usurpación de funciones públicas. Estos delitos están castigados con penas de entre uno y dos años. Además, se pide que se obligue a los acusados a pagar a la mujer una indemnización civil de 1.000 euros por los daños morales sufridos.
La APE ha asegurado que el caso de esta mujer no está aislado sino que forma parte de un conjunto de estrategias variadas desplegadas de forma habitual por las suministradoras de electricidad y gas.
La organización afirmó que aunque las personas vulnerables están ahora protegidas de los cortes gracias a la ley contra la pobreza energética, no dejan de sufrir el «acoso» de suministradoras y los gabinetes jurídicos de recobros subcontratados. Lo hacen a través de cartas, llamadas, amenazas con juicios falsos o demandas de juicios monitorios, según añaden.
La APE espera una sentencia favorable y afirma que, de ser así, establecería un precedente jurisprudencial para frenar las prácticas «deliberadas y sistemáticas de acoso» de las compañías suministradoras.
Imputan a una empresa de cobro de deudas de Endesa por estafa
