El jefe de Glovo, Oscar Pierre, declara ante el juez como imputado

El jefe de Glovo, Oscar Pierre, declara ante el juez por delitos contra los derechos de los trabajadores

Por primera vez en España, un directivo de una plataforma tecnológica comparecerá en un juzgado como investigado. Oscar Pierre, fundador y CEO de Glovo, declarará este martes ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras haberse suspendido la vista prevista para el mes de septiembre. Este caso marca un cambio en el abordaje judicial del modelo laboral de la empresa, que ahora pasa del ámbito social al penal.

Denuncias y nuevas posibles acusaciones

El caso, iniciado por la Fiscalía, acusa a Pierre de mantener prácticas laborales ilegales tras el fallo del Tribunal Supremo de 2020 que declaró ilegal el modelo de falsos autónomos utilizado por Glovo. Sin embargo, colectivos como RidersxDerechos buscan ampliar los cargos para incluir delitos fiscales, contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental.

Aunque el Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS) intentó personarse como acusación popular, una elevada fianza de 20.000 euros lo impidió. Ahora se plantea que los repartidores actúen como acusaciones particulares.

¿Persistieron los falsos autónomos?

La clave del caso radica en determinar si Glovo continuó utilizando el modelo de falsos autónomos tras el fallo del Supremo.

  • La Fiscalía: Alega que Glovo no cambió su modelo y menciona estrategias para reducir costos laborales, como no garantizar un salario profesional o evitar cotizaciones sociales.
  • La defensa de Pierre: Afirma que la empresa modificó su modelo laboral y cita sentencias recientes de la Audiencia Nacional que avalan la autonomía de los repartidores.

Además, más de 20 riders han declarado como testigos, aunque no todos coincidieron en considerarse empleados de Glovo.

Contexto y antecedentes

El caso penal llega tras diversas sanciones administrativas de Inspección de Trabajo contra Glovo y la presión del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. En 2021, el Gobierno aprobó la Ley Rider, diseñada para erradicar el abuso de los falsos autónomos en el sector, aunque no contó con el apoyo de la patronal catalana Foment del Treball, defensora del modelo de Glovo.

Consecuencias legales

El delito imputado a Pierre puede acarrear penas de seis meses a seis años de cárcel, además de sanciones económicas. Este caso podría sentar un precedente para otras plataformas tecnológicas en España y reforzar la implementación de la Ley Riders.

El futuro del proceso está ahora en manos de la jueza instructora María Isabel Hernando Vallejo, quien decidirá si envía el caso a juicio.

Pérdidas de 2.300 millones y acumulación de 400 millones en multas

La propietaria de Glovo, Delivery Hero, ya rebajó el valor de la empresa en 508 millones ante la oleada de multas y querellas admitidas a trámite, reconociendo en los resultados del primer semestre que podría enfrentarse a multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por un importe de 400 millones de euros por la utilización como repartidores de falsos autónomos.

La multinacional registró pérdidas en 2023 por un importe de 2.305 millones, frente a los 2.975 millones de 2022. La Comisión Europea multó a la empresa con 400 millones de euros por prácticas anticompetitivas. Este mes de noviembre la justicia italiana multó a la empresa con 5 millones de euros