Oscar Pierre, CEO de Glovo, se enfrenta a siete años de prisión por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores
El modelo laboral de Glovo constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, según la acusación de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Hace ya tres meses que el ministerio público denunció estas prácticas, lo que motivó la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. La denuncia advierte un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y apunta al máximo responsable de la compañía de reparto, Oscar Pierre, consejero delegado y cofundador de la empresa.
Delivery Hero adquirió la startup catalana por cerca de 1.000 millones de euros en 2021, cuando ya hacía más de un año que el Tribunal Supremo reconocía la laboralidad de la relación de la empresa y sus repartidores en España, y también hacía meses que se había aprobado la ley Riders, que apoyaron los sindicatos, la patronal y la mayoría del Congreso. Delivery Hero sigue cayendo en bolsa y ya ha perdido más de la mitad de valor en 24 meses.
Se llama Oscar Pierre y es fundador de Glovo. Es el nuevo prototipo de jefe enrollao del siglo XXI en vaqueros y zapatillas mientras miles de riders esclavizados se juegan la vida. Este lunes será juzgado por un delito contra los trabajadores por tenerlos como falsos autónomos. pic.twitter.com/3MY3z6D48Y
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 13, 2024
Las multas a Glovo
En septiembre de 2022 se le impuso una sanción de casi 79 millones en Barcelona y València y otra de 32,9 millones en enero de 2023.
Ahora, tras la entrada en vigor de la ley se han efectuado las primeras actas de liquidación. Respecto a los casos anteriores a la normativa aprobada, más de 400 millones de euros para el periodo comprendido entre el verano de 2021 y 2023. Delivery Hero se comprometió a provisionar entre 30 y 45 millones al trimestre para hacer frente a estos casos posteriores.
La empresa Glovo ya acumulaba a principios de año sanciones por importe de más de 200 millones de euros, pero nuevas inspecciones realizadas este mes de enero podrían superar los 80 millones de euros en multas, por lo que en total debería a la Tesorería General de la Seguridad Social, unos 400 millones.
Además de esto, Trabajo abrió otras dos inspecciones, una por vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores y otra por contratar a repartidores sin papeles.
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Denuncia penal a Glovo
El señalamiento de la Fiscalía a Pierre avanza por el de la justicia penal, por el cambio que introdujo el Gobierno en el Código Penal en enero de 2023. El ministerio público acusa a Pierre de un delito contra los derechos de los trabajadores sobre la base del artículo 311, que castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a 12 meses a “los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
Poco después, en octubre de 2023, el ministerio que dirige Yolanda Díaz entregó a la Fiscalía General del Estado un informe en el que detallaba cientos de casos concretos de empleados que, a su juicio, deberían ser asalariados pero reparten para Glovo como falsos autónomos.
Este análisis llegó a la Unidad de seguridad y salud en el trabajo “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito contra los derechos de los trabajadores”, y a la vista del informe de ese departamento, la denuncia fue remitida a la Fiscalía Provincial de Barcelona a principios de enero, que empezó su investigación en febrero de 2024.
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