El Ayuntamiento multará al fondo Azora por no alquilar 20 pisos de protección oficial
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador contra el fondo inversor Azora Gestión Inmobiliaria SL al detectar que ha incumplido con la obligación de alquilar 20 pisos de un edificio que adquirió con protección oficial en 2010.
Se trata del bloque de pisos de la plaza de Alfons Comín 11-12, donde esta sociedad además, tiene un conflicto con las familias inquilinas del inmueble relacionado con los precios de los alquileres.
Sobre este conflicto, el Ayuntamiento de Barcelona también ha hecho indagaciones y constató que la compañía, tal como denuncian los vecinos, mantiene prácticas abusivas con los precios y con algunas condiciones de los alquileres.
Por este motivo ha decidido dirigirse a la Generalitat de Catalunya para que intervenga,
El edificio de viviendas lo promovió la sociedad REGESA
Este edificio se construyó para el alquiler de protección oficial, que durante los 10 primeros años, hasta julio de 2018, se mantuvo en régimen general.
A partir de aquella fecha, pasó al régimen de precio concertado y este régimen tiene una duración de hasta 90 años.
En 2010 el fondo de inversión Azora adquirió el edificio y las quejas y el grito de auxilio de un grupo de familias arrendatarias de este edificio llegaron al Ayuntamiento a principios de 2019, cuando denunciaron subidas de precios desmesuradas de los alquileres y algunas prácticas abusivas por parte del nuevo propietario.
Esta sanción se enmarca, por un lado, en la denuncia de los propios vecinos, y también en el plan de inspección del parque de vivienda protegida de la ciudad en marcha desde diciembre de 2017 precisamente para detectar y corregir anomalías en el uso del parque residencial privado que aún conserva la protección oficial.
Hasta el momento, en el marco de este plan se han inspeccionado 3.550 viviendas de VPO.
De momento se han incoado 115 expedientes, y hay otros 73 casos más en los que se han abierto diligencias para hacer comprobaciones.
En el caso que nos ocupa la intervención de la Unidad anti acoso de Disciplina de la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación ha detectado el desempleo de 20 pisos, una infracción tipificada como muy grave en materia de vivienda de protección oficial por la Ley 18 / 2007 de 28 de diciembre del derecho a la vivienda, infracción presuntamente cometida por la sociedad Azora lo largo de los años en los que ha sido propietaria del inmueble.
La ley determina la obligación de la propiedad de mantener la finalidad para la que las viviendas han sido promovidos, que es satisfacer la necesidad de una residencia habitual en personas usuarias ya realizar todas las medidas tendentes al cumplimiento efectivo de destinarlo a residencia habitual y permanente de personas físicas.
Por lo tanto, la propiedad tiene la obligación de mantener alquilados los pisos.
La Ley para el derecho a la vivienda considera un incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda VPO que éste no se destine a residencia habitual y permanente de personas y lo tipifica como infracción muy grave.
A diferencia de los pisos convencionales que sólo pueden estar vacíos sin justificación durante 2 años, en el caso de los pisos protegidos el período máximo es de 3 meses.
A pesar de esta obligación legal, el Ayuntamiento ha podido constatar a través de los consumos de agua, que, a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 un total de 20 pisos de este edificio han sido durante periodos de hasta 3 años desempleados, es decir, sin cumplir esta obligación y esta función esencial de las viviendas.
La Ley del derecho a la vivienda establece que las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con multas de entre 90.001 y 900.000 euros.
Sin embargo, hasta la resolución del procedimiento sancionador no se puede determinar la concurrencia o no de la infracción y la responsabilidad y, si así procede, la cantidad definitiva de la multa.
A pesar de que las multas, en caso de que finalmente se pongan, pueden ser muy elevadas, ya que se plantea de entrada una posible sanción por cada uno de los pisos que la sociedad ha mantenido vacíos, el objetivo de la Unidad de Disciplina de la Concejalía de Vivienda y Rehabilitación no es recaudatorio, sino que lo que busca es proteger la función social que deben cumplir las viviendas.
Por ello se propone que los pisos que aún quedan vacíos se pongan inmediatamente a disposición de la Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona.
El Ayuntamiento multará al fondo Azora por no alquilar 20 pisos de protección oficial
