El juez anula una multa de tráfico de 300 euros al no poder identificar con claridad al vehículo infractor
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, bajo la dirección de la magistrada Meritxell Quella Fortuño, ha dictado sentencia en un procedimiento contencioso-administrativo que estimó el recurso presentado por el conductor Antonio (nombre ficticio), anulando la multa de 300 euros y la detracción de dos puntos de su carnet de conducir. La sanción, impuesta por el Servei Català de Trànsit, había sido impugnada por la abogada Judit Martí de Espai Iuris quien argumentaba que no existían pruebas claras y concluyentes de su culpabilidad.
Falta de pruebas claras y vicio de nulidad
La multa había sido emitida tras registrarse una infracción de velocidad en la AP-7, donde el vehículo infractor fue captado circulando a 103 km/h en un tramo con límite de 60 km/h. Sin embargo, el recurrente, representado legalmente por Judit Martí, cuestionó la validez de la única fotografía presentada en el expediente. La imagen, según alegó la defensa, no mostraba con claridad el vehículo implicado ni su matrícula, por lo que no se podía determinar con certeza si el vehículo infractor era el del recurrente.
Exigencias de pruebas en infracciones de tráfico
La magistrada reconoció la importancia de contar con evidencia clara en casos sancionadores y citó la normativa vigente, que establece que cuando se utilizan cinemómetros sin la supervisión continua de un operador, deben tomarse al menos dos fotogramas para identificar inequívocamente al vehículo infractor. En el caso analizado, el expediente solo contaba con un fotograma, lo cual no cumplía con los requisitos exigidos por la Orden ICT/155/2020, que demanda una imagen panorámica y otra de la placa de identificación para certificar la infracción.
Además, la fotografía en el expediente mostraba otros vehículos en paralelo al supuesto infractor, lo que, según el fallo, podría haber afectado la precisión del dispositivo. La magistrada argumentó que la falta de identificación concluyente dejaba lugar a la presunción de inocencia del recurrente, señalando que cualquier duda en la prueba debía resolverse a su favor.
Devolución de la multa y sin imposición de costas
El fallo otorga a Antonio el derecho a recuperar el importe abonado por la sanción, junto con los intereses legales desde el momento en que se presentó la reclamación administrativa. Asimismo, la jueza decidió no imponer las costas del juicio a ninguna de las partes, dado que existían diferentes criterios interpretativos en torno a la aplicación de la normativa.
Este fallo refleja la importancia de la claridad y suficiencia de las pruebas en el ámbito sancionador y plantea un precedente en la revisión de sanciones de tráfico impuestas con una base probatoria débil.
El juez anula una multa de tráfico al no poder identificar con claridad al vehículo
