Desalojan el macro asentamiento de la Sagrera por riesgo de incendio
Un amplio dispositivo policial ha llevado a cabo el desalojo de un gran asentamiento en la Sagrera ante el riesgo de incendio. La actuación, iniciada a primera hora de la mañana, se ha desarrollado en dos zonas de barracas ubicadas en las inmediaciones del Pont del Treball Digne, en terrenos pertenecientes a Adif, dentro del distrito de Sant Andreu.
La operación ha sido liderada por la Guardia Urbana, con apoyo de los Mossos d’Esquadra, y se ha activado tras un informe técnico que advertía de un peligro grave e inminente para las personas residentes. Según fuentes municipales, la urgencia de la intervención respondía a la necesidad de evitar posibles consecuencias mayores derivadas de las condiciones del asentamiento.
Durante el operativo también han intervenido equipos de emergencias sociales y servicios municipales, con el objetivo de atender a las personas afectadas y gestionar la situación sobre el terreno. Asimismo, técnicos del Ayuntamiento han informado directamente a los residentes del desalojo y han entregado notificaciones en algunos casos.
La actuación ha tenido impacto en la movilidad de la zona, ya que el puente cercano permaneció cerrado y acordonado durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas de evacuación y control.
Críticas por la falta de aviso y alternativas
Desde el entorno vecinal se ha denunciado que en el asentamiento vivían entre 200 y 300 personas, algunas desde hace años, y que el desalojo se ha ejecutado sin una comunicación previa suficiente. Los afectados cuestionan que no se hayan planteado soluciones habitacionales antes de proceder a la expulsión, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
Algunas voces critican que este tipo de actuaciones responden a una dinámica de desplazamiento de población vulnerable vinculada a procesos de transformación urbana, más que a una estrategia centrada exclusivamente en la seguridad.
Reacciones sociales y denuncias
Diversas organizaciones y colectivos han mostrado su rechazo, señalando que se trata de una política continuada de expulsión que afecta especialmente a personas en situación precaria. Representantes del ámbito social advierten que estas intervenciones son cada vez más frecuentes y reclaman un enfoque más estructural.
También desde el vecindario se han expresado opiniones críticas, calificando la situación de “inhumana” y reclamando respuestas institucionales que incluyan alternativas reales, en lugar de actuaciones puntuales que no resuelven el problema de fondo.
