El jefe de Glovo, Oscar Pierre, declara ante el juez como imputado

La Fiscalía pide llevar a juicio al fundador de Glovo por el modelo laboral de sus repartidores

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado que el fundador y consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, sea llevado a juicio por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores relacionado con el modelo laboral aplicado a los repartidores de la plataforma.

El Ministerio Público considera que, tras la investigación realizada durante la fase de instrucción, existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal contra el empresario.

La Fiscalía considera que hay indicios de delito

La petición de la Fiscalía supone un nuevo paso en la causa judicial abierta contra Pierre. El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que dé por concluida la fase de instrucción mediante un auto de procedimiento abreviado, lo que permitiría avanzar hacia la celebración de un juicio.

La investigación se centra en la situación de los repartidores de Glovo y, concretamente, en el uso del modelo de trabajadores autónomos pese a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y a las resoluciones judiciales que habían establecido que estos trabajadores debían ser considerados asalariados.

Una investigación iniciada en 2024

El procedimiento judicial comenzó en 2024, después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona abriera diligencias a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía contra el máximo responsable de Glovo.

Durante la investigación declararon Óscar Pierre y otros responsables de la compañía, además de repartidores vinculados a la plataforma.

El empresario defendió durante su declaración la legalidad del modelo utilizado por Glovo y rechazó las acusaciones relacionadas con la contratación de sus repartidores.

Glovo cambió su modelo de contratación

Uno de los elementos relevantes de la causa es el cambio anunciado posteriormente por Glovo en su política laboral. La compañía comunicó que comenzaría a contratar directamente como asalariados a sus repartidores, abandonando el sistema basado en trabajadores autónomos.

El cambio se produjo en el contexto de la aplicación de la denominada Ley Rider, que estableció nuevas reglas para las relaciones laborales entre las plataformas digitales de reparto y sus trabajadores.

La defensa de Pierre sostiene que Glovo fue adaptando progresivamente su modelo y mantiene que las relaciones contractuales utilizadas anteriormente eran legales.

La defensa pidió archivar la causa

El abogado de Óscar Pierre, Cristóbal Martell, solicitó el pasado mes de julio el sobreseimiento de la investigación.

En su escrito, la defensa cuestionó la actuación de la Inspección de Trabajo y defendió que el modelo contractual empleado por Glovo con sus repartidores se ajustaba a la legislación española.

Por tanto, la petición de la Fiscalía se enfrenta a la posición mantenida por la defensa, que pretende que el procedimiento sea archivado y no llegue a juicio.

La CGT ejerce la acusación popular

En la causa también participa el sindicato CGT como acusación popular. La organización se había opuesto anteriormente al archivo de las actuaciones y sostiene que se habrían mantenido durante un periodo prolongado unas condiciones laborales que considera contrarias a la legislación.

La participación del sindicato añade una segunda posición acusatoria al procedimiento, que ahora deberá continuar con la decisión del juzgado instructor.

El juez tendrá la última palabra sobre el juicio

La solicitud presentada por la Fiscalía no significa que Óscar Pierre haya sido condenado. Será el juez encargado de la instrucción quien tendrá que analizar las peticiones de las distintas partes y decidir si procede abrir formalmente el juicio oral o, por el contrario, archivar el procedimiento.

Si finalmente se acuerda la apertura del juicio oral, el fundador de Glovo tendría que responder ante los tribunales por el presunto delito contra los derechos de los trabajadores que investiga la causa.

El procedimiento representa así un nuevo capítulo en el conflicto judicial y laboral generado en España alrededor del modelo de contratación utilizado inicialmente por las grandes plataformas de reparto.