La Sindicatura de Greuges de Barcelona pide revisar una sanción a un conductor con movilidad reducida por un error con su tarjeta de aparcamiento
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomendado al Instituto Municipal de Hacienda la revisión de un expediente sancionador y la posible revocación de una multa impuesta a una persona con movilidad reducida, tras considerar que concurren circunstancias que justifican una aplicación más flexible del principio de proporcionalidad.
El caso afecta a un ciudadano de 71 años con discapacidad que estacionó en una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Durante una maniobra, la tarjeta de estacionamiento obligatoria habría caído accidentalmente al interior del vehículo, lo que provocó que no fuera visible en el momento de la intervención.
Retirada del vehículo y sanción pese a la acreditación posterior
Tras comprobar la ausencia visible de la tarjeta, el vehículo fue retirado por la grúa, lo que obligó al afectado a abonar 173 euros. Posteriormente, el Ayuntamiento mantuvo además una sanción de 200 euros, pese a que el interesado presentó alegaciones y documentación acreditativa de que la tarjeta estaba en vigor.
En total, el importe asumido ascendió a 373 euros, una cuantía que la persona afectada consideró especialmente gravosa en su situación de jubilación, aunque no cuestiona la retirada del vehículo ni el pago de la grúa.
Legalidad del procedimiento, pero dudas sobre la proporcionalidad
La Sindicatura señala que la normativa exige que la tarjeta sea visible para poder hacer uso de la plaza reservada, por lo que la actuación inicial de retirada del vehículo y apertura del expediente sancionador se ajusta a la legalidad.
Sin embargo, la institución matiza que, una vez acreditada la vigencia de la tarjeta y la buena fe del conductor, existía margen para reconsiderar la sanción, atendiendo a las circunstancias personales del caso.
Principio de buena administración y valoración del caso concreto
La defensoría recuerda que el principio de buena administración debe guiar la actuación de las instituciones públicas, lo que implica una gestión imparcial, equitativa y adaptada a cada situación individual.
En este sentido, considera que mantener la sanción pese a la documentación aportada puede resultar poco coherente con estos principios, especialmente al tratarse de una persona mayor con movilidad reducida que hacía un uso legítimo de un derecho reconocido.
Recomendación de revocación de la sanción
Aunque la actuación municipal se considera ajustada a derecho, la Sindicatura sostiene que no tuvo suficientemente en cuenta factores como la buena fe del afectado, la vigencia de la tarjeta y su situación personal.
Por ello, recomienda al Instituto Municipal de Hacienda que revise el expediente, valore la documentación aportada y, si procede, revoque la sanción, con el objetivo de reforzar una administración más acorde con los principios de proporcionalidad, equidad y confianza ciudadana.
