Compra de las primeras viviendas protegidas según la normativa del 30%

El Ayuntamiento de Barcelona consigue que unas setenta familias vulnerables tengan un contrato de alquiler social en pisos de la Sareb

El Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Gestora de Activos (Sareb) para regularizar a 68 familias vulnerables que habían ocupado previamente las viviendas de la Sareb. Algunas de estas familias han firmado ya el contrato de alquiler social y otras están en proceso de hacerlo.

Las conversaciones entre ambas partes han permitido que las personas que viven en estas viviendas y que se encuentran en procesos de desahucio en diferentes estados de ejecución puedan acceder a firmar un contrato de alquiler social, por el que pasarán a pagar un alquiler de entre 12% y el 30% de sus ingresos.

Desde la Unitat Antidesnonaments de Barcelona, ​​se está realizando el seguimiento de casi 300 familias en proceso de desahucio en vivienda de la Sareb. El acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento con esta entidad no se limita a los 68 casos mencionados, sino a la revisión del total, de este casi 300.

Este acuerdo incluye el compromiso con la Sareb de no desahuciar a familias vulnerables y detener los procesos de desahucio que se ajusten a criterios de vulnerabilidad para garantizar que estas familias puedan regularizar su situación.

Pisos de la Sareb

La mayoría de unidades familiares son hogares con niños, muchos de ellos encabezados por mujeres, en situaciones laborales precarias que pasarán a pagar un alquiler y que gracias al acuerdo podrán estabilizar su situación vital. La Sareb dispone en la ciudad de 824 viviendas, de las cuales sólo 60 estarían vacías, según fuentes de la propia Sareb, y el resto estarían alquiladas u ocupadas.

Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona publicaba los “Datos de la evolución de las ocupaciones en la ciudad de Barcelona 2019-2022”, donde se ponía de manifiesto disminución del 18% en la ciudad de Barcelona entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2022. Una disminución que está estrictamente ligada a la inversión en políticas de vivienda, como son la ampliación del parque público de alquiler, que con 11.500 viviendas, ya es el mayor parque municipal de todo el estado.