El 62% de los agentes inmobiliarios discriminan racialmente en los alquileres
El Ayuntamiento de Barcelona persiste en la estrategia de poner luz y perseguir la discriminación, especialmente aquélla que dificulta y llega a impedir a las personas migradas y racializadas acceder a una vivienda de alquiler.
Tras un primer estudio presentado el año pasado, y dos sanciones, una por ofrecer una vivienda «sólo a españoles» y la otra por un caso de discriminación directa, las primeras en todo el Estado, el Ayuntamiento ha concluido un segundo estudio sociológico, titulado “Discriminación a la carta” y realizado por la consultoría social Broll SCCL que detecta nuevas evidencias de esta práctica discriminatoria en el sector.
En este caso, el estudio ha consistido en un trabajo de campo con 350 llamadas válidas a diferentes agencias inmobiliarias que operan en la ciudad en nombre de una propiedad ficticia que quiere alquilar una vivienda y solicita que del proceso de selección se excluyan a “las personas inmigrantes”. De las respuestas obtenidas por parte de los agentes inmobiliarios contactados, se extrae que una amplia mayoría acepta explícitamente la discriminación.
- Aceptación de la discriminación: en el 62% de los casos se produce la aceptación por el agente de la demanda discriminatoria dejando fuera del proceso de selección el perfil señalado.
- Facilitación de la discriminación: en el 24% de los casos la aceptación de la discriminación no es directa, pero se detectan diversas prácticas que resultan igualmente en la exclusión del acceso a la vivienda al colectivo señalado.
- No discriminación étnica: en el 10% de los casos el agente se niega a aceptar la propuesta discriminatoria.
- Evasión de la respuesta: en el 4% de los casos, el agente evita dar respuesta a la petición.
El objetivo con la elaboración de estos estudios es poder situar y cuantificar el alcance de este tipo de discriminación y hasta qué punto está normalizada en el sector y poder trabajar conjuntamente con agentes y entidades para erradicarla.
En este sentido, desde el Ayuntamiento se han trasladado estos resultados al Colegio de Administradores de Propiedades Inmobiliarias (API) y la Cámara de la Propiedad Urbana y se ha puesto a disposición los recursos que ofrece la Oficina para la No Discriminación (OND) de formaciones, recursos y mediación.
Presencia de prejuicios y estereotipos
En la petición discriminatoria de la propiedad ficticia se opta conscientemente y únicamente por el término “inmigrante” sin más explicaciones de origen étnico, religión o clase social, lo que se interpreta que la discriminación va dirigida a aquellas personas que provienen de unos determinados países.
Así, a lo largo del experimento se observa en las respuestas por parte de los agentes inmobiliarios una clara distinción, entre la población inmigrante, que respondería al perfil discriminado, y la población extranjera, que quedaría fuera del público diana.
Otro aspecto relevante que sale a la luz durante la realización del estudio es que se trata de una práctica en la sombra. El 19,4% de los agentes manifiestan de forma espontánea que esta discriminación no puede publicitarse, sin que la propiedad ficticia requiera que el filtro se aplique ya en el anuncio del inmueble.
En cualquier caso, aun sabiendo que no se puede publicitar la discriminación, el estudio acredita que la discriminación puede empezar a operar desde el primer momento al recibir la solicitud para alquilar la vivienda. En el momento en que se detecta algún rasgo diferencial que permita identificar un perfil como inmigrante, los agentes inmobiliarios que aceptan la discriminación aplican el filtro discriminatorio.
Esto, tal y como explican los agentes durante el experimento, puede producirse en una primera llamada solicitando información, a través del lenguaje o el acento; en las visitas, a través del aspecto y la indumentaria; o con la documentación identificativa de las personas candidatas.
El hecho de que la discriminación nunca se publicite ni se explicite por parte de los agentes inmobiliarios se convierte en una primera dificultad a la hora de probar que ésta se produce. En segundo lugar, el uso de engaños y mentiras a las personas discriminadas, estrategias que los agentes admiten y quedan recogidas en el estudio, ponen aún más trabas para poder probarlo y, por tanto, perseguirlo, sancionarlo y reparar el daño.
El 62% de los agentes inmobiliarios discriminan racialmente en los alquileres
