Govern y Comuns acuerdan endurecer la regulación de grandes tenedores y fijar el umbral en más de cinco viviendas
El Govern de la Generalitat y los Comuns han alcanzado un acuerdo político para redefinir el concepto de “gran tenedor” en la legislación catalana de vivienda. La propuesta plantea establecer un criterio único: será considerado gran tenedor quien posea más de cinco viviendas, independientemente del marco normativo concreto.
El objetivo es eliminar las diferencias actuales entre leyes y reforzar la coherencia del sistema regulador en materia de vivienda.
Con esta redefinición, más propietarios pasarían a estar sujetos a obligaciones específicas, como la oferta de alquiler social en determinados supuestos o el cumplimiento de medidas de protección en zonas de mercado tensionado.
El cambio normativo pretende ampliar el número de actores considerados grandes tenedores y reforzar las herramientas públicas para intervenir en el mercado del alquiler.
La Generalitat abre una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes
Contexto de regulación de la vivienda en Catalunya
La medida se enmarca en la estrategia más amplia del Govern para intervenir en el mercado inmobiliario en zonas tensionadas, donde reside la mayor parte de la población catalana.
En este contexto, ya se han impulsado otras medidas como límites al alquiler, restricciones a la compra especulativa y regulaciones sobre el uso de viviendas con fines no residenciales.
Actualmente, la consideración de gran tenedor varía según la normativa, lo que genera diferencias en la aplicación de obligaciones y tributos. Con el nuevo criterio, se busca unificar la definición y ampliar su alcance operativo.
Este cambio podría tener efectos relevantes en la regulación de precios, el acceso a vivienda asequible y la intervención pública en el mercado inmobiliario.
El pacto entre ambas partes se encuentra en fase de concreción normativa y deberá integrarse en la tramitación legislativa correspondiente antes de su aprobación definitiva.
El Govern trabaja en el ajuste del redactado final para garantizar su encaje jurídico y su aplicación homogénea en toda la normativa de vivienda.
