Arrancan los desalojos en los Blocs de la Rambla en medio de protestas vecinales en La Mina
El Consorcio de la Mina ha iniciado este jueves los primeros desalojos en los Blocs de la Rambla, en Sant Adrià de Besòs, en una operación que forma parte del plan urbanístico para reordenar el barrio. La actuación, que contempla un total de 58 desalojos, tiene como objetivo recuperar viviendas públicas ocupadas desde 2017 para destinarlas al realojo de los vecinos del bloque Venus, cuyo derribo está previsto para 2030.
El dispositivo se ha activado a primera hora de la mañana con la presencia de la comitiva judicial y un amplio despliegue de los Mossos d’Esquadra, en un contexto marcado por la tensión social en la zona.
Durante la ejecución de los primeros desalojos, cerca de 40 personas se concentraron frente a los edificios para intentar impedir la actuación policial. Los agentes retiraron los obstáculos y lograron acceder a los inmuebles, aunque el ambiente se mantuvo tenso durante toda la intervención.
Tras los desalojos, un grupo de manifestantes se desplazó hasta la sede del Consorcio de la Mina, donde se produjeron actos de protesta con lanzamiento de objetos y pintadas. Posteriormente, también se registraron momentos de tensión cuando una trabajadora social fue increpada y perseguida por varios individuos, lo que obligó a la intervención policial para garantizar su seguridad.
Impacto social y situación de las familias afectadas
Entre los primeros desalojos ejecutados, al menos dos afectan a familias con menores a cargo sin alternativa habitacional, según denuncian colectivos sociales. Estas organizaciones sostienen que las familias llevan años reclamando la regularización de su situación mediante contratos de alquiler adaptados a su capacidad económica.
Desde el Sindicato de Vivienda se defiende que existen soluciones viables, como el incremento del parque público o la regularización de las viviendas ocupadas, y se reclama la paralización del proceso judicial junto con la apertura de una mesa de negociación.
Posición institucional y criterios de actuación
Por su parte, el Consorcio de la Mina ha señalado que no todos los casos corresponden a situaciones de vulnerabilidad, aunque asegura que aquellas familias que sí cumplan los criterios establecidos recibirán atención conforme a los protocolos sociales vigentes.
La administración también ha indicado que algunas de las familias afectadas habían sido objeto de seguimiento previo para evaluar posibles soluciones de alquiler social, aunque este proceso habría quedado en suspenso en los últimos meses coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo plan de transformación del barrio.
Un proceso que continuará en las próximas semanas
El calendario de desalojos prevé nuevas actuaciones los días 22, 25 y 29 de junio, en una intervención que forma parte de un proyecto de mayor alcance para redefinir el urbanismo de La Mina.
El proceso, sin embargo, mantiene abierto un conflicto social significativo, con posiciones enfrentadas entre la administración y los colectivos vecinales sobre la gestión del realojo y las alternativas habitacionales, en un barrio que afronta una transformación profunda con implicaciones a largo plazo.
