La Fiscalía solicita más de cinco años de prisión para el exdirector del Pare Manyanet
La Fiscalía reclama cinco años y tres meses de prisión para quien en 2021 ejercía como director de la escuela Padre Manyanet de Sant Andreu y, al mismo tiempo, como responsable de Cumplimiento Normativo de la Congregación Hijos de la Sagrada Familia.
En su escrito de acusación provisional el Ministerio Público atribuye al religioso —identificado como JMTSM— y al abogado ARC, responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la congregación, los delitos de acoso laboral, coacciones continuadas y obstrucción a la justicia.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que ambos indemnicen al informático con 20.000 euros por daños morales y 10.000 euros por lesiones psíquicas, después de que el trabajador sufriera un cuadro de ansiedad que derivó en baja médica y acabara aceptando un despido procedente meses más tarde. La congregación religiosa figura como responsable civil subsidiaria.
El sacerdote almacenaba 39 gigas de material pedófilo
El caso se originó el 27 de marzo de 2021, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron al sacerdote Joaquim CV, entonces de 63 años, tras la denuncia del informático del centro.
El trabajador alertó a la policía autonómica después de descubrir, mientras reparaba el ordenador del párroco, archivos de pornografía infantil descargados de internet. Tras el análisis del dispositivo, los agentes localizaron 39 gigas de vídeos con contenido pedófilo.
Por estos hechos, el sacerdote aceptó en marzo de 2023 una multa y dos años de inhabilitación.
Presuntas represalias por acudir a la policía
Según sostiene la Fiscalía, el entonces director del centro y el responsable de Cumplimiento Normativo reprocharon al informático haber acudido directamente a la policía sin informar previamente a la congregación.
El escrito recoge que el director le recriminó no haber mantenido “la boca cerrada” y le acusó de haber perjudicado la reputación de la escuela, incumpliendo supuestamente los protocolos internos de confidencialidad y vulnerando la intimidad de un miembro de la congregación.
El Ministerio Público considera que ambos acusados actuaron “como represalia” con el objetivo de intimidar al trabajador y evitar que continuara colaborando con las autoridades.
El procedimiento judicial queda ahora pendiente de la señalización de la fecha del juicio en un caso que ha generado un fuerte impacto por la gravedad de los hechos y por el papel que, presuntamente, desempeñaron los responsables del centro educativo.
