Multan a un vecino de Poblenou y activista vecinal con 450 euros por atravesar una calle a pie
La Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (Favb) ha criticado un suceso injusto y a su vez, inverosímil. Según han informado en un comunicado, el presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Poblenou, y también miembro de la Favb, Joan Maria Soler, ha recibido una doble multa de un agente de la Guardia Urbana por desobedecer su orden de “volver a subir a la acera cuando estaba atravesando la calle de Espronceda andando”.
El comunicado deja claro que el agente no verbalizó ni ha justificado esta “orden” que le ha comportado una multa de 200 euros por “no obedecer las órdenes de un agente que regula la circulación” y una segunda de 250 euros por una «supuesta falta de respeto y consideración a un agente del cuerpo», multa que desde el movimiento vecinal denuncian que se puede aplicar gracias a la ley mordaza impulsada por el Partido Popular.
La Favb denuncia que se haya multado al vecino de Poblenou y activista vecinal con 450 euros “por algo tan trivial” y dejan claro que esta actuación policial “va más allá de considerarse una anécdota”.
El movimiento vecinal pone nombres y apellidos a la deriva de una policía que consideran «prepotente» y que no asume que «son unos servidores públicos». El comunicado señala a los responsables de la Guardia Urbana, Albert Batlle, y al de los Mossos d’Esquadra, Joan Ignasi Elena, que deben comprometerse, apuntan, a “depurar las malas prácticas”.
La ley mordaza
La federación vecinal critica que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no prosperó el pasado mes de marzo en el Congreso, con una configuración distinta a cuando reinaba el PP de Mariano Rajoy. Esta retirada, recuerdan desde la Favb, ha sido criticada en un manifiesto de Amnistía Internacional, Irídia, Greenpeace y Ecologistas en Acción, entre otros movimientos que se suman a las críticas del Comisariado de los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y Human Rights Watch.
Desde el movimiento vecinal dejan claro que el hecho de que esta ley siga en vigor no puede dar impunidad a los cuerpos policiales ni «eximir de responsabilidades a nuestros políticos».
En este sentido, recuerdan que «las prerrogativas sancionadoras que otorga la ley son libres de ser aplicadas y moduladas por la autoridad competente» y piden detener las actuaciones arbitrarias y «el potencial represor» de esta normativa.
Paralelamente a este comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona investiga otra actuación polémica de la Guardia Urbana, ésta en el barrio Gòtic, cuando utilizaron spray pimienta contra los monitores del Esplai del Pi, actuación que fue criticada incluso por el concejal del distrito, Jordi Rabassa. Desde el Centro Iridia, entidad que defiende los derechos humanos, han pedido que se investigue esta situación porque consideran que «podría ser ilícita».
