Desalojan la finca ocupada de Alió, en Gràcia, que generaba quejas vecinales
Un amplio dispositivo de la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra se ha desplegado este martes en el pasaje de Alió, 21, en el barrio de Gràcia, para ejecutar el desalojo de una finca ocupada. La operación comenzó a primera hora con autorización judicial y ha obligado a cortar la calle al tráfico.
La medida responde a numerosas quejas vecinales por los problemas de convivencia generados en los últimos meses.
Edificio declarado como infravivienda
La orden judicial se basa en un informe municipal que, tras una inspección técnica realizada por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado 1 de octubre, calificó la finca como infravivienda. Los residentes ya habían sido notificados de que debían abandonar el edificio antes de la tercera semana de noviembre, bajo advertencia de desalojo forzoso, como finalmente ha ocurrido.
Últimos inquilinos y asistencia social
En el momento del desalojo, todavía residía un grupo de personas en el edificio. Algunas provocaban problemas de convivencia en el barrio. El Ayuntamiento derivará a estos inquilinos al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB).
- Una persona ha sido detenida al comprobarse que tenía una orden de detención vigente.
- Las dos últimas inquilinas ya habían aceptado hace unos días una alternativa de vivienda ofrecida por el consistorio y abandonaron voluntariamente el edificio.
Medidas posteriores al desalojo
Una vez completado el desalojo, el Ayuntamiento procederá a:
- Tapiar el inmueble para impedir nuevos accesos.
- Limpiar las instalaciones.
Aunque el edificio es de propiedad privada, actualmente no existe un propietario legalmente definido al que el consistorio pueda responsabilizar de la finca.
Quejas vecinales y compromiso político
La situación en el edificio generó un conflicto vecinal que llevó a los residentes a solicitar la intervención del Ayuntamiento. Los vecinos denunciaron que la finca no reunía condiciones dignas para ser habitada.
En respuesta, todos los grupos políticos en el Ayuntamiento se comprometieron a:
- Reforzar la presencia policial en el entorno.
- Acelerar los trámites jurídicos para ejecutar el desalojo.
Intentos previos de desalojo
Según fuentes municipales, ya se había intentado un desalojo en verano tras informes del distrito de Gràcia y la Guardia Urbana, pero el Juzgado de Instrucción número 19 lo denegó. Por ello, se solicitó un nuevo informe técnico sobre el estado de la finca.
En octubre, Albert Batlle adelantó:
“En caso de que [el informe] lo declare como infravivienda, derivará en un desalojo.”
Finalmente, el desalojo se ha hecho efectivo este martes.
