Collboni agota sus herramientas legales para sacar adelante el presupuesto de 2026
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afronta este miércoles una cuestión de confianza ligada a la aprobación de las cuentas municipales, un mecanismo al que se ve obligado tras no conseguir cerrar ningún acuerdo amplio. A pesar de contar con el respaldo de Esquerra Republicana, los cinco concejales republicanos no bastan para sacar adelante el presupuesto de 2026.
Barcelona En Comú solicitó más margen para seguir negociando con el PSC, pero Collboni rechazó la propuesta. Con la abstención de los Comunes y el rechazo del resto de grupos, encabezados por Junts, el gobierno socialista dejó caer la votación del último pleno y activó el procedimiento de la cuestión de confianza.
Un recurso limitado para gobiernos en minoría
La ley prevé esta herramienta para los gobiernos municipales que gobiernan sin mayoría, como es el caso del PSC, que cuenta con solo 10 concejales de 41. Su uso, sin embargo, tiene restricciones: solo puede activarse dos veces por mandato y nunca durante el último año.
Collboni ya utilizó este recurso durante su primer año al frente del consistorio, por lo que esta será la segunda y última ocasión en que puede recurrir a él. Además, los presupuestos municipales no pueden prorrogarse más de dos ejercicios seguidos. En 2024, logró aprobar las cuentas mediante este mismo mecanismo; en 2025 prorrogó las anteriores; y ahora vuelve a apostar por la cuestión de confianza con el objetivo de disponer de un presupuesto nuevo para 2026.
Con esta última bala gastada, el alcalde solo tendrá dos caminos para el futuro: alcanzar un acuerdo suficiente para aprobar los próximos presupuestos por primera vez en el mandato, o verse obligado a aplicar la segunda y definitiva prórroga de las cuentas que intenta sacar adelante ahora.
La normativa electoral también es clara: ningún alcalde puede plantear más de una cuestión de confianza por año ni más de dos por mandato, y queda prohibido hacerlo durante el último año de gobierno.
El funcionamiento del proceso
Para activar este mecanismo, el alcalde debe firmar un decreto y convocar un pleno extraordinario. En esta sesión, el único punto a debatir es la cuestión de confianza vinculada al presupuesto. La votación es nominal, con cada concejal pronunciándose uno a uno. Si el alcalde obtuviera mayoría favorable, quedaría ratificado en su cargo y el presupuesto de 2026 se aprobaría automáticamente.
El gobierno socialista da por sentado que esto no ocurrirá, igual que sucedió en 2024, debido a su debilidad numérica. Cuando la votación le retire la confianza, se abrirá un plazo de 30 días para que la oposición presente una moción de censura con un candidato alternativo que logre el apoyo de la mayoría absoluta.
En el PSC confían en que los grupos opositores —Junts, Barcelona En Comú, ERC, PP y Vox— seguirán sin alcanzar un acuerdo común. Si transcurre el plazo sin moción de censura, Collboni recuperará automáticamente la confianza y el presupuesto quedará aprobado.
Trias y Colau, precedentes de este mecanismo en Barcelona
Antes de Collboni, solo Xavier Trias y Ada Colau habían recurrido a la cuestión de confianza en la ciudad. Los alcaldes socialistas anteriores, ya gobernaran con mayoría o en minoría, nunca necesitaron activarla.
Trias recurrió a ella para aprobar el presupuesto de 2015. Colau la empleó durante su primer mandato para sacar adelante las cuentas de 2017 y 2018. Los Comunes recuerdan que en aquella etapa gobernaron junto al PSC y reprochan ahora a los socialistas la falta de sintonía que, aseguran, ha quedado patente durante esta negociación.
Un presupuesto que supera los 4.000 millones de euros
El proyecto presupuestario del PSC alcanza 4.180 millones de euros, una cifra récord para la ciudad. El gobierno municipal sostiene que no tendrá impacto negativo en familias ni en pequeñas y medianas empresas, ya que plantea congelar tasas e impuestos.
Las cuentas incluyen las demandas pactadas con ERC, como un fondo de 70 millones procedentes de la tasa turística destinado a inversiones en los barrios. Los Comunes, en cambio, lamentaban que los socialistas rechazaran buena parte de sus propuestas. Tras el rechazo del presupuesto en el pleno, el alcalde aseguró que incorporará algunas de sus reclamaciones, entre ellas la inversión de 100 millones en compra de vivienda por tanteo y retracto y nuevas medidas para frenar operaciones especulativas, una vez el Parlament apruebe la reforma urbanística que otorgue seguridad jurídica.
