Barcelona se adhiere a la petición del mundo local para tener más recursos en transición energética
Un total de 50 ayuntamientos presentan alegaciones conjuntas a la consulta pública del Gobierno sobre las Comunidades Energéticas.
De este modo reivindican mecanismos sencillos y unificados para la tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que les afectan, que las Comunidades Energéticas puedan facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático en oposición al actual modelo.
Los 50 ayuntamientos han respondido la consulta pública planteada por el Ministerio de Transición Energética y Reto Democrático, que ha planteado la consulta para conocer la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en los desarrollos de las Comunidades Energéticas para la transposición al ordenamiento jurídico estatal de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y las energías renovables.
Estas directivas establecen que los países de la Unión Europea deben garantizar en su ordenamiento nacional el derecho de producir, consumir, almacenar y vender energía renovable propia de la ciudadanía.
En estas directivas establecen dos modelos de comunidades locales de energía: Comunidad de Energías Renovables y Comunidad Ciudadana de Energía.
Las alegaciones reclaman establecer un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía y reclaman todas las garantías para que las Comunidades Energéticas operen sin afectar a la seguridad del sector eléctrico.
Mejorar el acceso a la energía a través de las Comunidades Energéticas
Dos de las reivindicaciones incluidas son que las Comunidades Energéticas puedan hacer extensivas las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y, por tanto, que puedan operar en la red de media tensión con estrategias de producción cooperativa municipal.
Para poder mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que las Comunidades Energéticas puedan facilitar el bono social o las ayudas en materia de pobreza energética, del mismo modo que deberían poder hacerlo lo todas las comercializadoras, no sólo las de referencia.
Se propone también, la creación de marcos locales de intervención, que podrían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad.
También se prevé que las Comunidades Energéticas puedan operar como suministradoras, tal y como se recoge en la directiva, con el cumplimiento de los requisitos y con menos exigencias normativas que se prevén para las comercializadoras de ámbito estatal.
También se pide que estas comunidades puedan operar dentro de la red de distribución, como se recoge en la directiva.
Para que esta operación se haga con todas las garantías, se entiende que se debería hacer conjuntamente con una distribuidora.
Esto podría permitir un dinamismo económico local, siguiendo los pasos que se han hecho en otros países, como Alemania, y que reporte beneficios para el municipio, para los vecinos y las vecinas y el tejido comercial e industrial.
Algunas de las propuestas incluidas en las alegaciones municipales inspiran en iniciativas que ya se desarrollan en otros países de la Unión Europea, como Alemania, Portugal, Irlanda o Polonia, que ya han transpuesto estas directivas o bien que han avanzado en la creación de Comunidades Energéticas sin disponer de un articulado concreto.
Las capacidades y requisitos que se establezcan en la transposición de las directivas determinarán la utilidad de las Comunidades Energéticas y la capacidad de transformar el modelo energético oligopólico actual, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas, en un modelo distribuido, con una energía que pueda ser gestionada por un tejido social, administrativo y empresarial diverso y local
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