Barcelona pacta con CCOO y UGT impulsar 1.500 viviendas públicas en derecho de superficie
El Ayuntamiento de Barcelona, CCOO y UGT han acordado promover 1.500 viviendas públicas destinadas a facilitar el acceso a un hogar a personas que viven y trabajan en la ciudad. El proyecto se desarrollará mediante la fórmula del derecho de superficie y las viviendas se adjudicarán entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona (RSHPOB).
El acuerdo contempla que las primeras promociones comiencen a tomar forma este mismo año. Antes de acabar 2026 se prevé poner a disposición tres solares municipales que permitirán construir 179 viviendas, mientras que el resto de los pisos se desarrollará progresivamente durante la próxima década.
La iniciativa nace de los compromisos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social de 2025, que planteaba incorporar a las organizaciones sindicales en la búsqueda de nuevas vías para garantizar el acceso a la vivienda de los trabajadores y trabajadoras.
Una alternativa entre la compra y el alquiler
El proyecto apuesta por el derecho de superficie, una modalidad que pretende combinar estabilidad residencial y precios asequibles. La cesión se formaliza mediante escritura pública y tiene una duración de 75 años, de manera que las personas adjudicatarias pueden disponer de la vivienda durante un periodo equivalente prácticamente a dos generaciones.
Durante los primeros 30 años, los beneficiarios pueden afrontar el pago de la vivienda mediante una hipoteca con cuotas equivalentes a un alquiler asequible. De esta manera, la fórmula busca ofrecer una mayor estabilidad a las familias sin trasladarles el coste de una vivienda libre.
El suelo, además, permanece en manos del Ayuntamiento. Una vez finalizado el periodo de derecho de superficie, los pisos se incorporarán al parque público de alquiler de Barcelona, garantizando así que continúen formando parte del patrimonio residencial público.
Collboni quiere sumar nuevos operadores a la construcción de vivienda
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido el acuerdo como una oportunidad para ampliar el número de agentes implicados en la construcción de vivienda pública.
El alcalde ha señalado que la ciudad está generando más suelo destinado a vivienda protegida y que es necesario que todos los operadores capaces de contribuir a aumentar el parque público participen en este esfuerzo.
Collboni también ha reivindicado el papel de los sindicatos de clase como parte de la respuesta al problema de la vivienda, con el objetivo de acelerar la construcción de nuevos pisos y ampliar las posibilidades de acceso de la población trabajadora.
Desde CCOO, su secretaria general en Catalunya, Belen López, ha remarcado que la organización sindical no pretende convertirse en una promotora inmobiliaria, sino contribuir a resolver lo que considera uno de los principales problemas de la clase trabajadora: el acceso a una vivienda.
López también ha asegurado que el sindicato velará para que las promociones se ejecuten en unas condiciones adecuadas para los trabajadores y trabajadoras que participen en su construcción.
Por parte de UGT, su secretario general en Catalunya, Camil Ros, ha destacado que las 1.500 viviendas pueden ayudar a que las personas trabajadoras puedan desarrollar proyectos de vida independientes en Barcelona. Ros ha defendido que vivir en la ciudad no debería convertirse en un privilegio reservado a una minoría.
Ayuntamiento y sindicatos decidirán conjuntamente los promotores
El nuevo acuerdo toma como referencia el funcionamiento del convenio ESAL, utilizado para promover vivienda pública de alquiler asequible mediante la colaboración con entidades del tercer sector.
En este caso, el Ayuntamiento y las organizaciones sindicales constituirán conjuntamente una mesa de adjudicación encargada de seleccionar a los promotores sociales que desarrollarán las promociones.
La fórmula pretende ampliar la red de agentes que participan en la construcción de vivienda protegida y dar cumplimiento al compromiso adquirido en la Mesa de Diálogo Social para incorporar a los sindicatos en la búsqueda de soluciones frente a la crisis residencial.
La colaboración entre organizaciones sindicales y administraciones para promover vivienda pública cuenta con precedentes en otras ciudades europeas, entre ellas Londres, Oxford, Berlín, Viena y Dublín.
Los pisos se sortearán entre los inscritos en el registro de vivienda protegida
Una de las condiciones principales del acuerdo es que las 1.500 viviendas se adjudicarán exclusivamente entre las personas inscritas en el RSHPOB.
El acceso estará dirigido a unidades familiares que, además de figurar en el registro, dispongan de ingresos suficientes para asumir una hipoteca considerada asequible. El esfuerzo económico destinado al pago de la vivienda deberá situarse aproximadamente entre el 30 y el 35% de los ingresos de la unidad de convivencia.
Como referencia, actualmente una vivienda de unos 70 metros cuadrados bajo esta modalidad puede situarse alrededor de los 173.320 euros más gastos, de acuerdo con los precios establecidos por la Generalitat de Catalunya para la vivienda protegida en derecho de superficie.
El Ayuntamiento realizará los correspondientes sorteos a medida que las promociones estén disponibles. Los procedimientos se llevarán a cabo ante notario, siguiendo los mecanismos de transparencia y garantías aplicados en las demás convocatorias municipales de vivienda pública.
CCOO y UGT también asumirán la tarea de contribuir a difundir entre los trabajadores la posibilidad de inscribirse en el registro de solicitantes.
Tres solares permitirán levantar las primeras 179 viviendas
El Ayuntamiento ya trabaja con los primeros terrenos destinados al proyecto. Los tres solares municipales permitirán desarrollar 179 viviendas y están situados en diferentes puntos de Barcelona.
Uno de ellos se encuentra en el paseo de La Habana, 10, en el Bon Pastor, donde está prevista la construcción de 47 pisos. Otro está situado en el pasaje del Marqués de Castellbell, 1-5, en la Clota, en el distrito de Horta-Guinardó, y permitirá levantar 97 viviendas.
El tercer terreno corresponde a la calle de Palamós, 62, en Trinitat Nova, también en Sant Andreu, con una previsión de 35 pisos.
La intención del Ayuntamiento es incorporar nuevos terrenos al programa conforme se vaya generando suelo público. Entre las áreas que podrían aportar parcelas se encuentran el sector Prim de la Sagrera y las nuevas zonas en desarrollo de la Marina.
El Plan Viure busca ampliar las alianzas para generar vivienda
El acuerdo con CCOO y UGT se integra dentro de la estrategia del Plan Viure, que plantea movilizar al mayor número posible de operadores para incrementar la construcción de vivienda en Barcelona.
El objetivo es extender las políticas de acceso residencial a diferentes sectores de la población y aprovechar las posibilidades que ofrece la legislación en materia de vivienda.
La incorporación de los dos grandes sindicatos se suma a otras alianzas ya activas, como las establecidas con INCASÒL, el Consorcio de la Zona Franca y las entidades del convenio ESAL, además de los concursos abiertos para promover vivienda pública.
Con este nuevo acuerdo, el Ayuntamiento pretende ampliar el parque residencial protegido, conservar la titularidad pública del suelo y facilitar que las personas que trabajan en Barcelona puedan desarrollar un proyecto de vida estable en la ciudad.
