Abren expediente a un fondo buitre por no ofrecer alquiler social

Barcelona abre expediente a un gran tenedor por no ofrecer alquiler social en un desahucio de una familia vulnerable

El Departamento de Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador a una entidad vinculada al fondo buitre New Amsterdam Developers (NAD) por no haber ofrecido un alquiler social a una familia vulnerable en el marco de un desahucio.

El procedimiento podría derivar en una sanción económica de entre 9.001 y 90.000 euros, en aplicación de la normativa vigente.

El caso se refiere al desalojo de una vecina con tres hijos menores en el número 60 de la calle Buenos Aires, ejecutado el pasado 20 de mayo.

Según fuentes municipales, la entidad propietaria no habría cumplido con la obligación de ofrecer una alternativa de alquiler social antes del desahucio, tal como establece la Ley 24/2015, que regula las situaciones de emergencia habitacional.

Aplicación de la normativa sobre grandes tenedores

El expediente se ha abierto de oficio tras la revisión de la información recogida por los servicios municipales de vivienda.

Esta actuación se enmarca en el cumplimiento de la normativa que obliga a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer soluciones de alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad antes de proceder a un desalojo.

El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha defendido la actuación municipal y ha subrayado la obligación del consistorio de hacer cumplir la ley en todos los casos.

Riera ha afirmado que el Ayuntamiento mantiene un compromiso firme con el derecho a la vivienda y con la responsabilidad de los grandes propietarios en la gestión de sus inmuebles.

Control sobre la función social de la vivienda

Desde el consistorio se insiste en la voluntad de garantizar que el parque de vivienda se destine progresivamente al uso residencial y social, evitando prácticas especulativas.

En este sentido, el Ayuntamiento advierte de que las actuaciones que no respeten la función social de la vivienda no serán aceptadas en la ciudad.