Uber y la ACCO, aliados contra los taxistas legales de Barcelona
Uber ha denunciado a Élite Taxi y a su fundador, Alberto Álvarez, alias Tito, ante la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), alegando que el paro general del 9 de diciembre y la prohibición de que los taxistas asociados trabajen en plataformas como Uber constituyen una infracción de la orden de cesación y de la ley de defensa de la competencia.
Lo que Uber no menciona es que su propio modelo de negocio ha sido ampliamente cuestionado por operar al margen de la legalidad en Catalunya, y que la ACCO ha mostrado una actitud sorprendentemente permisiva con la multinacional, permitiendo que las sanciones a Élite Taxi —como la multa de 120.000 euros— se dilataran sin efecto real. Esta denuncia no es más que un intento de intimidar a los taxistas legales y proteger los intereses de una empresa extranjera que actúa con impunidad.
Presión sobre el Barça y visibilización del incumplimiento de Uber
Mientras Uber recurre a la ACCO, Tito Álvarez sigue denunciando los incumplimientos de la multinacional, exigiendo al FC Barcelona que rompa su acuerdo con la compañía. La retirada de un vehículo de Uber en Terrassa, decorado con los colores blaugranas y que incumplía los tiempos de espera legales, demuestra que la empresa no respeta la normativa local, mientras la ACCO permanece inactiva frente a estas infracciones.
La convocatoria del 9 de diciembre prevé que 5.000 taxis recorran la Gran Via y el Paseo de Gràcia, exigiendo a la Generalitat acelerar la nueva ley del taxi y reforzar los controles sobre las VTC, que hasta ahora han sido ineficaces o inexistentes, dejando un claro beneficio a Uber y otras plataformas similares.
ACCO y Uber: protegiendo a los poderosos
El caso evidencia cómo Uber se apoya en la ACCO para perseguir a quienes cumplen la ley, mientras el regulador parece más interesado en salvaguardar los intereses de una multinacional que en garantizar la competencia justa. La falta de medidas efectivas contra los VTC ilegales permite que la multinacional opere con ventaja frente a los taxistas que cumplen la normativa y pagan sus impuestos.
Al mismo tiempo, Álvarez ha denunciado la presión de otros sectores económicos, como el Gremi de Restauració, que defienden intereses privados bajo el pretexto de “movilidad y competencia”, evidenciando un doble rasero en la aplicación de la ley.
La batalla por la legalidad continúa
La guerra del taxi en Barcelona no ha terminado. Uber y la ACCO actúan como aliados de facto, atacando a los profesionales que cumplen la normativa y permitiendo que una multinacional extranjera interfiera en la regulación del sector. Élite Taxi y sus asociados, sin embargo, mantienen firme su lucha por hacer valer sus derechos y proteger la legalidad, demostrando que la defensa de los taxistas no es solo un conflicto laboral, sino una defensa de la justicia frente a la impunidad corporativa.
