La exjefa legal de Glovo apunta a Óscar Pierre como responsable de las decisiones laborales
La exresponsable del departamento legal de Glovo, Marita R., declaró este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona en el marco de la investigación abierta por delitos contra los derechos de los trabajadores de la compañía. La causa se dirige también contra el consejero delegado de la plataforma, Óscar Pierre, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía.
Durante su testimonio, la exdirectiva aseguró que ella no asumía la responsabilidad directa sobre las cuestiones laborales, explicando que las decisiones se tomaban tras el asesoramiento de la firma Oleart Abogados, aunque la última palabra correspondía a Pierre. Esta declaración contrasta con la de la exdirectora de recursos humanos, Laila S., quien meses atrás evitó señalar al CEO y sostuvo que las decisiones provenían del área legal de la empresa.
El conflicto: el modelo laboral de los repartidores
Según la versión de Marita R., Glovo no regularizó a sus repartidores pese a las actas de la Inspección de Trabajo y a la sentencia de 2021 que obligaba a hacerlo. La empresa defendía haber sustituido su anterior plataforma digital por una nueva, que —según su interpretación— ya cumplía con la legalidad vigente. Sin embargo, la Inspección de Trabajo cuestiona esa afirmación y mantiene sus sospechas sobre el modelo aplicado.
Una de las acusaciones particulares ha solicitado incluso que el caso pase a la Audiencia Nacional, lo que el juez deberá valorar próximamente.
Sanciones, sentencias y un modelo bajo la lupa
La compañía, actualmente bajo el control del grupo alemán Delivery Hero, acumula múltiples denuncias y sanciones por mantener a miles de repartidores bajo la figura de falsos autónomos. En junio pasado, el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona condenó a Glovo a regularizar a 3.572 trabajadores que operaron entre 2016 y 2018 bajo este modelo.
Las cotizaciones impagadas y multas impuestas por la Inspección de Trabajo ascienden a 200 millones de euros. En 2024, la Fiscalía presentó una denuncia penal para determinar la responsabilidad directa de la cúpula de la empresa, lo que eleva el caso a un nuevo nivel de gravedad.
Presión creciente sobre las plataformas de reparto
El debate sobre la regularización laboral de los repartidores continúa abierto. Hace solo unos días, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió a Uber Eats que podría enfrentarse a una querella penal si no abandona el uso de falsos autónomos, en cumplimiento de la Ley Rider.
Glovo, por su parte, sigue siendo el caso más emblemático de este modelo de negocio, convertido en un símbolo de la tensión entre innovación y precariedad laboral.
