El Supremo cuestiona la legalidad europea de la regularización de migrantes y valora acudir al TJUE
El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en el análisis jurídico de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, al plantear a varias comunidades autónomas la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El objetivo es aclarar si la norma española podría entrar en conflicto con el derecho comunitario.
La decisión llega tras los recursos presentados por la Comunidad Valenciana y Aragón. A través de dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha otorgado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la conveniencia de acudir al tribunal europeo.
El Supremo señala que el régimen de regularización genera la duda de si podría entrar en colisión con las normas derivadas del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (PMAUE), recientemente aprobado a finales de abril y en vigor desde el 12 de junio.
El tribunal cuestiona si los Estados miembros pueden adoptar medidas nacionales que contradigan este marco europeo, incluso cuando dichas medidas hayan sido aprobadas antes de la entrada en vigor del pacto. En este contexto, se pone en duda la validez de una regularización masiva de personas extranjeras en situación irregular mediante una norma de carácter reglamentario de rango “infralegal”.
Además, el Supremo subraya la magnitud del proceso, que podría afectar a entre 900.000 y 1.650.000 personas, y apunta que no se habría realizado una notificación previa a la Comisión Europea.
87.000 personas atendidas por el Ayuntamiento de Barcelona en el proceso de regularización
Posible impacto en el espacio Schengen
Otro de los elementos analizados es el posible efecto sobre el espacio Schengen, ya que la regularización podría influir en las condiciones de libre circulación entre los Estados miembros.
El tribunal expresa dudas sobre si las personas regularizadas tendrían derecho a desplazarse libremente durante períodos de 90 días dentro de un intervalo de 180 días, y si esa movilidad sería posible sin coordinación previa con el resto de países del espacio Schengen.
Plazo para posicionarse antes de decidir sobre el TJUE
El Supremo ha solicitado a las partes que informen en un plazo de cinco días sobre la posibilidad de elevar la consulta al TJUE, antes de resolver los recursos presentados por las comunidades autónomas.
Este paso se produce antes de dictar sentencia sobre los recursos interpuestos por Valencia y Aragón contra distintos aspectos del decreto de regularización.
Antecedentes del caso y recursos previos
En una fase anterior del procedimiento, la misma sala rechazó el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la regularización, al considerar que no existían pruebas de que el sistema público pudiera colapsar por la medida.
El alto tribunal descartó también la suspensión cautelar del decreto, al no quedar acreditado que servicios esenciales como la sanidad, la educación o la vivienda se vieran comprometidos de forma directa por la regulación.
