El eco de Bubito: contradicciones y sombras en el juicio por el montaje del puerto
La tercera jornada del juicio por el presunto montaje policial en el Puerto de Barcelona ha tenido un protagonista ausente, pero omnipresente: David Caballero, conocido como ‘Bubito’, el estibador que fue asesinado en noviembre de 2024 frente al colegio Hamelin-Laie de Montgat.
Su nombre se mencionó en numerosas ocasiones durante la sesión, especialmente durante la declaración de Carlos L., el estibador que en 2016 fue detenido tras hallarse casi un kilo de cocaína, hachís, un hacha y una pistola en su coche, en lo que ahora se investiga como un montaje policial.
Según relató ante el tribunal, fue el propio Caballero quien ordenó colocar la droga y las armas en su vehículo. Una acusación que, aunque nunca llegó a sostenerse judicialmente, sigue planeando sobre el caso. Carlos L. explicó que la enemistad entre ambos era conocida en el entorno portuario y recordó un altercado físico entre ellos en enero de 2016, durante una comparecencia en la Ciudad de la Justicia. “Querían quitarme de en medio”, declaró ante el tribunal.
La instrucción y las líneas de investigación
Durante la sesión también testificó Patxi, el sargento que dirigió la investigación inicial. El agente reconoció que Caballero fue objeto de diligencias internas, aunque nunca llegó a figurar como investigado formalmente. Además, llegó a decir que a los agentes no se les podía imputar el haber colocado la droga y las armas.
Según explicó, aquella línea se abandonó “por falta de indicios concretos” y se optó por centrar el caso en dos agentes de los Mossos d’Esquadra, a raíz de la información aportada por la División de Asuntos Internos (DAI).
Caballero fue interrogado en su día en calidad de testigo, pero la instrucción se reorientó hacia un agente y un caporal de la unidad de investigación de Sant Martí, señalados por consultas informáticas y comunicaciones supuestamente irregulares. No obstante, el propio sargento admitió que no se hallaron pruebas materiales que confirmaran la implicación directa de los funcionarios.
Las defensas de los Mossos, representadas por los abogados José Ramón Sorní y Sandra Melgar, cuestionaron la solidez del proceso instructor y subrayaron que quedaron diligencias esenciales sin practicar, especialmente aquellas que podían haber descartado su implicación. También apuntaron incongruencias en los registros horarios de las consultas policiales realizadas desde el ordenador del jefe de la unidad —en marzo de 2016—, cuando se buscaron los nombres de Caballero, Carlos L. y el vehículo implicado.
Según los registros, las búsquedas se efectuaron por la tarde, cuando el agente acusado ya no estaba de servicio, algo que el sargento no pudo aclarar ante el tribunal.
Dudas sobre la implicación de los Mossos en un presunto montaje policial
El chivatazo anónimo y la manipulación de pruebas
Otro elemento clave del juicio es el “chivatazo” anónimo que originó el operativo. El día de la “colocada” de la droga y las armas, un hombre identificado como “Alberto” llamó a la comisaría de Sant Martí pidiendo hablar con un agente apodado Trini, conocido por su red de informadores.
Durante la llamada, alertó de que un Volkswagen Golf contenía drogas y armas en su interior, estacionado en la zona de Francesc Macià. Ese aviso activó la intervención policial que terminó con la detención de Carlos L.
El sargento reconoció que el propio agente sospechó de la llamada, ya que sus confidentes habituales nunca usaban ese apodo. La investigación interna sostiene que “Alberto” sería en realidad uno de los dos civiles también procesados en la causa.
Asimismo, se abordaron las cuestionadas grabaciones y escuchas efectuadas en la oficina y el vehículo policial. El instructor admitió que se dejó intencionadamente un atestado sobre la mesa para provocar una conversación entre los agentes mientras el despacho estaba siendo grabado.
Durante la primera sesión del juicio, las defensas solicitaron la nulidad de las intervenciones telefónicas y de la sonorización, alegando una vulneración de derechos fundamentales, ya que las escuchas habrían sido “prospectivas y sin justificación judicial sólida”.
Contradicciones entre la Unidad de Investigación y la DAI
Uno de los puntos más controvertidos del proceso es la discrepancia entre la versión de la Unidad de Investigación de Sant Martí y la DAI respecto al papel de los agentes implicados, especialmente Francesc, uno de los acusados.
Mientras Asuntos Internos sostiene que los agentes no habían sido investigados con anterioridad, la Unidad de Investigación alegó una supuestas investigaciones de la DAI para así poder solicitar la intervención telefónica, según las defensas, uno de los pésimos indicios para vulnerar el derecho a las comunicaciones.
Estas incoherencias en la trazabilidad de las actuaciones, sumadas a la ausencia de registros claros sobre los turnos y accesos al sistema informático, han reforzado la estrategia de las defensas, que insisten en que el procedimiento carece de garantías y fundamentos sólidos, al disponer de los datos de acceso del jefe, prácticamente todo el personal de la comisaría.
El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones de testigos y peritos, mientras el tribunal intenta esclarecer si el montaje fue una operación individual o una trama organizada, y qué papel jugó realmente el asesinado David “Bubito” Caballero en el origen de los hechos.
